A cinco años del nombramiento inconsulto de autoridades temporales que debían mantenerse en funciones durante apenas seis meses, la comunidad de la Universidad Simón Bolívar (USB) alzó su voz para exigir la restitución del hilo democrático en la institución. En una rueda de prensa realizada en la sede de Sartinejas, en Caracas, representantes profesorales, estudiantiles y de egresados advirtieron sobre el profundo deterioro que atraviesa la casa de estudios bajo la administración interina.
Omar Pérez Avendaño, presidente de la Asociación de Profesores de la universidad (Apusb), catalogó el quinquenio como «la peor gerencia de la universidad en toda su historia». Durante su intervención, detalló las precarias condiciones académicas y de infraestructura que enfrenta la institución, señalando que la matrícula estudiantil ha disminuido drásticamente y que el campus carece de servicios básicos como transporte y comedores accesibles para los alumnos.
De acuerdo con la normativa vigente estipulada en la Ley de Universidades, el Consejo Nacional de Universidades posee la competencia para designar un rector interino únicamente por un lapso de 180 días ante ausencias repentinas, plazo durante el cual deben convocarse elecciones democráticas que restituyan a las autoridades legítimas.
Silencio judicial e institucional ante los reclamos
Ante la negativa de las instancias competentes, la Apsub introdujo una apelación formal ante el Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2024, recurso que según los dirigentes permanece engavetado. Paralelamente, la comunidad ha consignado múltiples solicitudes ante el Ministerio de Educación Superior para retomar los procesos electorales, peticiones que han sido ignoradas o canceladas sistemáticamente por las autoridades ministeriales.
Incertidumbre y vulnerabilidad en la sede Litoral
La crisis institucional también golpea con fuerza a la sede de la universidad en el estado La Guaira. Wilmary Venal, presidenta de la Federación de Estudiantes de la USB (Fceusb), denunció que las instalaciones fueron ocupadas como refugio por el gobierno interino sin previo aviso ni consulta a la representación docente y estudiantil, dejando a la comunidad sin un plan de atención integral ni garantías para retomar las actividades académicas.
