A pesar de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y de una disminución en las detenciones de larga duración, las estructuras gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanecen prácticamente intactas. Así lo concluyó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela en sus informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La persistencia de la tortura y las detenciones

La Misión observó una reducción de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas tras el ataque estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Sin embargo, los expertos advirtieron que los cambios no representan una transformación estructural, ya que las leyes para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los organismos de inteligencia operan sin modificaciones.

Entre las prácticas documentadas en centros de reclusión como la cárcel de El Rodeo I figuran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en celdas subterráneas conocidas como la “máquina del tiempo”. Asimismo, en el Fuerte Guaicaipuro se registraron denuncias de personas recluidas en fosas excavadas bajo el nivel del suelo, expuestas al frío y privadas de alimentos.

El rol de los colectivos y los vacíos de justicia

Un apartado central de la investigación determinó que los colectivos armados constituyen un componente fundamental del aparato represivo estatal y de control comunitario. La Misión halló evidencias de que el Estado les suministró armas de fuego, municiones, motocicletas y equipos de comunicación, además de coordinar labores de inteligencia y represión contra la oposición.

Ante este panorama, la presidenta de la Misión, Sofía Macher, enfatizó que la reducción temporal de la represión no garantiza un cambio definitivo en el sistema. Los expertos instaron a las autoridades a garantizar la independencia judicial, desmantelar las estructuras abusivas y establecer mecanismos de rendición de cuentas centrados en las víctimas.