El vicepresidente de la ONG Gonzalo Himiob reveló que, desde la entrada en vigor de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en 2017, al menos 927 personas han sido imputadas en Venezuela por el delito de «instigación al odio». De este total, seis permanecen privadas de libertad, mientras que 638 están sujetas a medidas cautelares.
La normativa, impulsada originalmente por Nicolás Maduro tras las protestas antigubernamentales registradas entre abril y agosto de 2017, establece penas de prisión de entre diez y veinte años para quienes «fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia», además de otras sanciones. Su aplicación ha generado polémica desde su creación, con críticas por parte de organizaciones civiles y gremios periodísticos.
Reforma en debate
Delcy Rodríguez, quien promovió la ley durante su gestión en la Asamblea Nacional Constituyente, reconoció públicamente que su aplicación ha sido abusiva. En declaraciones recientes, argumentó que, aunque cree en los principios de la normativa —como la tolerancia y el respeto a la diversidad—, su uso ha derivado en distorsiones. «Lamentablemente fue mal aplicada. El principio es que no se imponga el odio, sino que podamos convivir respetando al que es diverso», afirmó.
Ante esto, la directiva de la Asamblea Nacional conformó una comisión especial para estudiar un proyecto de reforma, enmarcado en el proceso de «transformación democrática» impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, colectivos como el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigen su derogación total, al considerarla parte de un «marco legal represivo» utilizado para criminalizar la disidencia, la libertad de expresión y el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos.
