La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes un dictamen que concede al Ejecutivo 27 de las 66 facultades solicitadas para legislar durante 90 días en seguridad ciudadana y ante el fenómeno de El Niño. El texto irá ahora al pleno de la Cámara Alta este miércoles.
La votación se hizo en dos bloques: primero, el texto de 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados; luego, la incorporación de siete medidas adicionales. Ambas decisiones recibieron respaldo unánime de los senadores presentes.
La sesión estuvo atravesada por el ajuste de fuerzas en la comisión y por ausencias que elevaron la tensión política alrededor del debate.
Un dictamen aprobado en dos bloques
El primer tramo de la sesión validó el contenido que ya había pasado por la Cámara de Diputados. Después, los legisladores incorporaron siete medidas más a la propuesta original, con lo que el dictamen final quedó listo para ser enviado al pleno.
Entre los asistentes estuvieron Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras.
La presencia de Astucuri fue decisiva para alcanzar el quórum. Sin él, la comisión habría quedado con seis de los siete integrantes necesarios para sesionar.
En la sesión no participaron Víctor Cutipa, Iber Maraví y Humberto Morales, de Juntos por el Perú. Tampoco asistieron Ruth Luque, de Ahora Nación, ni Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno.
Las objeciones giraron en torno a las nuevas medidas
Las ausencias se dieron en un segundo intento por dejar sin quórum al grupo de trabajo. El primero había ocurrido el jueves pasado. Según el reporte de la sesión, algunos legisladores rechazaban las nuevas facultades incorporadas; otros acusaban al fujimorismo de frenar el debate.
Desde Fuerza Popular, Patricia Juárez cuestionó la inasistencia de parte de la izquierda y sostuvo que esos legisladores “dejan desprotegidos a los ciudadanos frente a los criminales y El Niño”. También dijo que las sillas vacías representaban a quienes “le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos”.
Por su parte, Daniel Barragán defendió el voto de Obras a favor del dictamen y señaló que su bancada hará control sobre el Poder Ejecutivo para que cumpla los objetivos solicitados.
Ruth Luque criticó al fujimorismo por lo que llamó una costumbre de imponer sus votos y dominar el Parlamento. Héctor Ventura, en cambio, afirmó que sectores de izquierda intentaron desnaturalizar la propuesta al introducir la medida sobre la carrera del servidor público para centros de rehabilitación juvenil; agregó que esa propuesta fue eliminada del texto final.
La libertad vigilada fue redefinida
Ya en el debate de fondo, Roger Astucuri planteó modificaciones que fueron recogidas por la comisión antes de pasar a un cuarto intermedio. Uno de los cambios más sensibles recayó sobre la libertad vigilada postpenitenciaria.
El nuevo texto sustituyó el criterio general de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos por delitos específicos de sicariato, extorsión y casos de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana. Además, se añadió que esa libertad vigilada quedará bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Con esos cambios, el dictamen quedó listo para su discusión en el pleno del Senado, donde se definirá si las 27 facultades pasan finalmente al Ejecutivo por 90 días.
