Especial Prensa Latina
El imperativo de disminuir los actos violentos en barriadas, calles y prisiones de Honduras constituye una asignatura pendiente en ese país centroamericano, donde a diario ocurren como promedio 15 muertes por esa causa. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, sólo en 2015 sucedieron en el territorio nacional cinco mil 47 homicidios, 780 casos menos que el año precedente.
Tal cifra representa una tasa de 59,5 muertes de ese tipo por cada 100 mil habitantes, revelaron datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El problema se agrava en algunas ciudades. Mientras la capital hondureña, Tegucigalpa, presenta una tasa anual de 81 homicidios por cada 100 mil habitantes, la norteña San Pedro Sula computa 142, lo que la convierte en una de las áreas más peligrosas del mundo.
Sucesos como un ataque con armas de fuego por desconocidos a finales de febrero en un billar al norte de Tegucigalpa, que segó la vida de 12 personas, demuestran la inseguridad reinante, con evidentes desigualdades sociales y elevados niveles de pobreza. Esa acción pudiera ser considerada cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública que condenó el asesinato de la líder indígena y ambientalista, Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo, opinó Arabesca Sánchez, especialista en temas de seguridad.
Dos semanas después del ataque a Cáceres, ganadora del Premio Goldman y defensora de los derechos del pueblo lenca, desconocidos ultimaron a Nelson García, dirigente de comunidades campesinas. Ambos asesinatos desataron la repulsa de decenas de organizaciones humanitarias y personalidades de diversas partes del mundo, que exigieron esclarecerlos.
Los actos de fuerza preocupan también a la Organización No Gubernamental Casa Alianza, ya que constituyen la principal causa de migración infantil en ese territorio. El organismo explicó en un documento que en los últimos tiempos más de 80 mil menores perdieron a uno o ambos padres como consecuencia de la violencia.
Numerosos huérfanos -enfatiza- tratan de emigrar para escapar de ese fenómeno o por razones económicas. Menores no acompañados que logran trasladarse a otros destinos, incluido Estados Unidos, sufren explotación laboral y abusos sexuales, entre otros males.
La inseguridad atenaza también a diversas comunidades del territorio hondureño por la acción de grupos de pandillas o maras, que presionan para adueñarse de territorios sobre la base del miedo y asesinatos, en medio de un clima de impunidad.
Semanas atrás se registraron desalojos de pobladores en zonas capitalinas y en la norteña ciudad de San Pedro Sula, luego de persistentes amenazas contra esas personas, que hacen de la violencia un huésped indeseable. En medio de tristes episodios de dolor, no pocos mareros (pandilleros) tratan de satisfacer sus necesidades con el cobro del llamado «impuesto de guerra», o ventas de drogas en vecindarios.
Respecto a la comercialización de estupefacientes, cabe recordar que 95 por ciento del trasiego de sicotrópicos entre América del Sur y Estados Unidos pasa por Honduras, y esto incide en la proliferación de agrupaciones delictivas. Gran parte de las 94 masacres ocurridas el año anterior, con balance de más de 340 víctimas mortales, son responsabilidad precisamente del crimen organizado, avaló el titular de la secretaría de Seguridad, Julián Pacheco. Los signos de violencia son marcados en los 24 centros de reclusión, en los que existen problemas como la sobrepoblación carcelaria y pésimas condiciones de vida de los reos, que conllevaron a sangrientos motines.
El último de esos acontecimientos lo constituyó una reyerta el 11 de marzo entre grupos delincuenciales en el centro interno de menores Renaciendo, departamento Francisco Morazán, con saldo de dos muertos y varios lesionados. Con capacidad para ocho mil 625 privados de libertad, las cárceles tienen actualmente una población penal de más de siete mil convictos, reveló recientemente la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. Entre los lugares con mayores problemas de hacinamiento, y por ende proclives a la violencia, se encuentra la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto», que alberga cuatro mil 451 reos, en vez de los mil 800 reglamentados. Figura además el penal de San Pedro Sula, donde conviven más de dos mil 900 prisioneros, cifra muy por encima de los mil 300 estipulados. De cara al creciente deterioro de las condiciones de vida en las prisiones de este Estado, organizaciones humanitarias recomendaron, entre otras medidas, mejorar la infraestructura carcelaria y garantizar la seguridad de quienes cumplen sanciones.
Analistas coinciden, por otra parte, en que las estrategias de seguridad a nivel social impulsadas por el Ejecutivo hondureño deben hacer mayor énfasis en el aspecto preventivo y educativo, en vez del represivo. Pese al accionar de las fuerzas del orden en la desarticulación de bandas de antisociales, más de dos tercios de la población considera que el flagelo de la violencia no disminuyó en suelo hondureño, enfatizó el representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Wilfredo Méndez. Aún muchos se muestran insatisfechos con los resultados del Gobierno en materia de seguridad, ya que se necesitan megaproyectos preventivos en demarcaciones de elevado riesgo. De esa forma los jóvenes serán alejados de la delincuencia, valoró.
