Mundo

Petro denuncia violación de la ley tras la suspensión provisional ordenada en su contra

Crédito: Ministerio TIC Colombia / Wikimedia Commons

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este miércoles 10 de junio que, a su juicio, se violó la ley colombiana al ordenar su suspensión provisional. Desde las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU, sostuvo que la Comisión de Acusación “no es la que suspende” a un jefe de Estado y afirmó que la medida abre paso a “un proceso en la Corte Suprema de Justicia”.

La medida y su vigencia

La suspensión provisional fue ordenada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, mientras Petro es investigado por su presunta participación en la campaña electoral. La decisión se extiende hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 de la tarde, hora local, cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Petro consideró que esa decisión no es más que “una pretensión que tendría que cumplir todo el proceso” y expresó dudas sobre la competencia de la comisión para apartarlo del cargo. También planteó que se trata de una operación para “extorsionar al gobierno”.

Críticas del mandatario

El mandatario colombiano sostuvo además que el abogado de Arizabaleta, Hollman Ibáñez, habría estado vinculado con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella. Durante sus declaraciones insistió en que no han existido “intervenciones políticas” y defendió que la suspensión obedece a “tener un pensamiento diferente”.

Petro también afirmó que, por el hecho de ser presidente, no se dejan de tener “derechos fundamentales”, en alusión a su derecho a pronunciarse sobre los comicios.

Posible alcance institucional

Si la medida ordenada por Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, llegara a concretarse, Petro se convertiría en el primer presidente de Colombia suspendido del cargo. Sin embargo, la decisión final dependerá del Senado, único órgano con la potestad para hacerlo.

El caso ha abierto un debate institucional sobre los límites de las competencias de los órganos de control, la interpretación de las normas constitucionales y el alcance de las decisiones administrativas en el sistema político colombiano, en medio de una fuerte atención pública y nacional.

Comentarios

Inicia sesión para unirte a la conversación.

Cargando comentarios…

Más en Mundo