La Organización de Estados Americanos se ofreció este miércoles a facilitar el diálogo entre República Dominicana y Haití sobre la tensión migratoria que viven ambas naciones, a las que invitó a reunirse en un lugar por determinar.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, propuso además establecer un mecanismo de entendimiento ajustado a estándares internacionales, que permita el traslado de personas entre ambos países. Almagro presentó al Consejo Permanente las propuestas formuladas por una misión de la OEA, encabezada por el secretario de Asuntos Políticos —el mexicano Francisco Guerrero— que visitó ambas naciones entre el 10 y el 14 de julio.
Sus propuestas incluyeron además que la OEA fortalezca los procesos de registro en recurso, en particular al programa de identificación de los inmigrantes haitianos, y solicitar a las autoridades buscar mecanismos para ayudar a las personas desplazadas, y en particular a los más vulnerables.
El embajador haitiano Bocchit Edmond respondió mostrándose complacido por el informe y dijo que el presidente Michel Martelly ya había decidido designar a un representante de alto nivel para reiniciar el diálogo bajo los auspicios de la organización.
El embajador dominicano Pedro Verges se limitó a indicar que su gobierno analizará el informe y responderá en el futuro inmediato.
México, Colombia y Venezuela fueron las únicas delegaciones que ejercieron el derecho de palabra, y coincidieron en expresar su apoyo a la búsqueda de una solución a través del diálogo.
Una vez que la misión concluyó su visita, Santo Domingo respondió días más tarde rechazando participar en una eventual reunión con la OEA por considerar que el secretario general de la OEA está prejuiciado en su contra.
Almagro busca una reunión conjunta con representantes de los gobiernos de ambos países para analizar la situación migratoria, ya que la misión visitó cada país pero sin que ambas partes pudiesen dialogar.
La tensión entre ambos países surgió ante la posible deportación de miles de inmigrantes haitianos, luego de que el 17 de junio pasado el gobierno dominicano concluyó un plan especial para que legalizar su estatus.
En el plan sólo se inscribieron 288.500 personas de las 524.000 extranjeros que se estima viven en el país sin permiso migratorio y el gobierno ha insistió que quienes no se hayan regularizado deberán abandonar el país o serán deportadas. Según estadísticas del gobierno, unas 40.000 personas se han ido a Haití de forma voluntaria.
Organismos de derecho humanos han advertido que de forma independiente de las repatriaciones voluntarias o involuntarias de inmigrantes, en República Dominicana hay una población de descendientes de haitianos que carecen de documentos y que podrían estar en peligro de ser expatriados.
El gobierno haitiano ha insistido que la situación le creará una crisis humanitaria y sugirió negociar un protocolo de deportaciones para evitar maltratos y violaciones a los derechos de los afectados. Un protocolo en ese sentido ya fue suscrito por ambos países en 1999 sin fecha de expiración.
