En Venezuela, los terremotos han dejado una lección repetida: muchas estructuras no fallan cuando tiembla el suelo, sino mucho antes, cuando se construye sin estudios, sin supervisión o ignorando la norma. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967, de magnitud 6,5, marcó un antes y un después en esa conciencia técnica.
Claves
- —El sismo de Caracas de 1967 impulsó una revisión de la ingeniería estructural en el país.
- —Las normas Covenin surgieron como marco técnico para edificaciones sismorresistentes.
- —La construcción segura depende de evaluación del terreno, diseño, revisión, permisología, inspección y verificación final.
Del sismo de 1967 al sistema de normas Covenin
Tras el terremoto del 29 de julio de 1967, que sacudió Caracas y causó centenares de fallecidos y edificios colapsados, el país empezó a revisar su enfoque sobre la vivienda y la infraestructura. A partir de ese hecho, se impulsaron investigaciones sobre el comportamiento del suelo, mapas de amenaza sísmica y normas técnicas que dieron forma a la Comisión Venezolana de Normas Industriales, el principal instrumento para el diseño de edificaciones sismorresistentes.
El proceso no ocurrió de inmediato. Durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa, universidades, centros de investigación y organismos técnicos fueron afinando los criterios de diseño estructural hasta consolidar un sistema normativo que exige que las edificaciones soporten la acción de los sismos sin colapsar y protejan la vida de sus ocupantes.
Las sucesivas revisiones de la Norma Venezolana Covenin 1756 —incluidas las versiones de 2001 y 2019— incorporaron nuevos conocimientos sobre la amenaza sísmica, la respuesta de los distintos tipos de suelo y el comportamiento de las estructuras frente a movimientos telúricos. La idea de fondo se mantuvo: los terremotos no se evitan, pero sus efectos pueden reducirse con mejor ingeniería.
La obra segura depende de controles que no se pueden saltar
El texto describe seis etapas que deberían cumplirse en cualquier proyecto: evaluación del terreno, diseño estructural, revisión de planos, aprobación de permisología urbana, inspección durante la obra y verificación final antes de la habitabilidad. Cada una debe dejar registro trazable de quién aprobó, cuándo y bajo qué criterios técnicos.
En esa cadena intervienen proyectistas, ingenieros calculistas, inspectores de obra y oficinas municipales de control urbano. El ingeniero geotécnico Roberto Sala advirtió que el suelo suele subestimarse y que la permisología no debería ser un trámite administrativo, sino una barrera técnica estricta, especialmente en zonas con antecedentes de fallas geológicas.
“El suelo no se equivoca, el que se equivoca es el que decide ignorarlo”, dijo Sala, al insistir en que un permiso no cambia la física del terreno. “Si una zona ya mostró inestabilidad, volver a construir encima es como insistir en cruzar un puente que ya sabes que está quebrado. No es valentía, es desconocimiento… o algo peor, que es hacerse el loco”.
Seis etapas básicas de control
Evaluación del terreno, diseño estructural, revisión de planos, permisología urbana, inspección durante la obra y verificación final antes de la habitabilidad.
El ingeniero constructor Pedro Orcheta sostuvo que en zonas sísmicas como Caracas y La Guaira sí se puede construir, pero solo con cumplimiento estricto de normativa, control de obra y supervisión verificable. “No existe un lugar completamente seguro ni completamente peligroso. Lo que existe es buena o mala construcción”, afirmó.
La arquitecta y archivóloga Josefina Plaza señaló que el sistema de control técnico existe y es obligatorio, y que las constructoras están forzadas a cumplir con normas Covenin y a someter los proyectos a evaluaciones de suelo y cálculos estructurales antes de ejecutar obras. Si esos requisitos no se cumplen, agregó, los permisos no deberían ser otorgados.
El costo de construir bien frente a la lógica de improvisar
La ingeniería sísmica moderna parte de una premisa simple: construir bien siempre es más barato que reconstruir después. Sin embargo, el texto advierte que en Venezuela esa ecuación ha sido invertida por décadas de subinversión, deterioro institucional y pérdida de recursos públicos que debían transformarse en infraestructura segura.
De acuerdo con estimaciones habituales en el sector de la construcción en América Latina, un edificio residencial sismorresistente de mediana altura —por ejemplo, una torre de 14 pisos con 4 apartamentos por nivel— puede costar entre 8 y 12 millones de dólares. Bajo ese parámetro, un urbanismo de 400 edificios de características similares implicaría una inversión aproximada de entre 8000 y 18 000 millones de dólares.
En términos demográficos, cada edificio de esas características podría albergar alrededor de 200 a 250 personas, lo que permitiría alojar a cerca de 90 000 personas en viviendas diseñadas bajo criterios sismorresistentes.
La tensión, sin embargo, no está solo en el diseño, sino en la verificación pública de su cumplimiento. De allí surge una propuesta repetida en el ámbito técnico: un registro público de ingenieros responsables por edificio, especialmente en casos de daños, fallas o colapsos, para rastrear decisiones técnicas y administrativas de forma verificable.
En una transmisión de La Conversa Con la Luz, de la Alianza Rebelde Investiga, Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R, señaló que la diferencia con la tragedia de Vargas de 1999 radica en la presencia del Estado frente a la emergencia.
“En Vargas había instituciones y autoridades al frente, acompañando a la gente. Hoy eso no se ve”, afirmó Tavares. También dijo que la pérdida de capacidad institucional se refleja en el desconocimiento ciudadano sobre las autoridades de gestión de riesgos.
El texto concluye que el problema no es la ausencia de normas, sino la dificultad de comprobar su cumplimiento en cada obra y de asignar responsabilidades cuando aparecen fallas estructurales.
