Japón, golpeado por el envejecimiento de su población y la falta de mano de obra, decidió endurecer desde octubre las condiciones para que un extranjero pueda quedarse de forma permanente. La solicitud de residencia pasó a costar 20 veces más.
La tasa pasó de 10.000 a 200.000 yenes
El cambio elevó la tarifa de solicitud de 10.000 a 200.000 yenes, una subida que el propio texto describe como la mayor aplicada hasta ahora a la residencia permanente en Japón. Según los datos citados, el trámite pasó de unos 64 dólares a aproximadamente 1.270, con un incremento cercano al 2.000% frente a la tarifa inmediatamente anterior.
La medida se tradujo en colas extraordinarias antes de su entrada en vigor, con esperas de más de siete horas en la principal oficina de inmigración de Tokio, donde numerosos extranjeros intentaron presentar sus documentos antes del encarecimiento.
Más requisitos para permanecer y trabajar
El aumento de la tasa no llegó solo. Los aspirantes a la residencia permanente deberán acreditar ingresos estables iguales o superiores a la media japonesa y unas expectativas de pensión comparables a las de alguien que haya cotizado durante 30 años al sistema de empleados.
Además, desde abril se sumarán requisitos básicos de japonés y una evaluación del conocimiento de las normas y costumbres del país. El endurecimiento también alcanza otras tasas y visados, en un contexto en el que Japón ha encarecido determinadas tasas turísticas.
Una respuesta a la crisis demográfica
El giro migratorio llega mientras Japón pierde población y envejece a gran velocidad. Entre 2020 y 2025, el país perdió más de tres millones de habitantes y ya supera las 100.000 personas centenarias.
La escasez de mano de obra ha empujado a las empresas a buscar trabajadores fuera para cubrir empleos industriales y tareas de cuidado. A finales de 2025, los residentes extranjeros superaban los 4,12 millones, un 9,5% más que un año antes, mientras los residentes permanentes habían aumentado aproximadamente un 17% desde 2020.
Esa presencia extranjera pasó a representar alrededor del 3,4% de los aproximadamente 119 millones de habitantes del país, una proporción aún pequeña pero en máximos históricos. La primera ministra sostiene que el aumento de extranjeros ha generado entre algunos ciudadanos preocupación, “ansiedad” e injusticia, y defiende que las nuevas reglas permitirán una convivencia más ordenada.
Sus críticos ven detrás de esta estrategia un giro antiinmigración; el Gobierno, en cambio, la presenta como una forma de garantizar que quienes se establezcan en Japón puedan integrarse y contribuir de manera estable al sistema.
