Los países de la OEA analizan una salida diplomática para Nicaragua mientras crece la presión por la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los 32 miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) evalúan este viernes la creación de un grupo voluntario de países para impulsar un diálogo con Nicaragua, en medio del aislamiento político que atraviesa ese país centroamericano por la deriva autoritaria de su gobierno.
Debate en Washington
Los cancilleres y representantes ante la OEA se reúnen desde las 11:00 de la mañana, hora local de Washington, para aprobar una declaración especial sobre Nicaragua, luego de varias semanas de negociación interna. El texto preliminar, revisado por la agencia AFP, expresa preocupación por el “desmantelamiento continuo de la democracia representativa en Nicaragua”, donde la oposición quedó excluida de futuras elecciones.
La propuesta plantea conformar “un grupo ministerial voluntario de seguimiento”, que podría volver a informar a los cancilleres de la OEA en un plazo de 60 días. La iniciativa surge en un momento en que Nicaragua está fuera del organismo hemisférico, tras abandonar la organización en noviembre de 2023.
Presión diplomática y tensiones regionales
Aunque la OEA no puede imponer de forma colectiva medidas de aislamiento o sanciones contra Nicaragua, Estados Unidos y sus aliados buscan que cada país miembro se pronuncie públicamente sobre la situación del país centroamericano. El secretario de Estado Marco Rubio ha aplicado desde hace meses sanciones contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, familiares de ambos y parte del aparato estatal y empresarial nicaragüense.
Rubio pidió hace un mes a sus socios “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esa brutal dictadura”. El borrador también recuerda que Nicaragua, aun sin formar parte de la OEA, sigue obligada a respetar la Carta Democrática Interamericana de 2001 y los compromisos en materia de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utiliza ese mismo marco para evaluar la situación política y humanitaria en Nicaragua, a la que denuncia de manera regular mediante informes. Ortega y Murillo endurecieron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, que dejaron unos 300 muertos según la ONU.
En ese contexto, la Iglesia católica ha sido uno de los principales blancos del gobierno, que ha encarcelado y acosado a obispos y párrocos. Además, buena parte de los dirigentes sandinistas históricos han sido encarcelados o perseguidos. Managua, por su parte, considera a la oposición como “traidores a la patria” y la acusa de estar “al servicio” de Washington.
Uno de los puntos en discusión entre los países de la OEA es si la declaración final debe mencionar la influencia “extranjera” en la región. Una fuente diplomática cercana a las conversaciones explicó que la represión política en Nicaragua tiene repercusiones en materia de seguridad vinculadas con el crimen transnacional y con la persecución de exiliados nicaragüenses en países vecinos, aunque no debe ser caracterizada como una amenaza a la paz y la seguridad, porque eso podría abrir la puerta al uso de la fuerza militar.
