La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana intervino en noviembre de 2014 el Banco Peravia, tras una demanda del consorcio Kaya Armoring Blindado por lavado de dinero y fraude. La entidad estaba controlada por venezolanos: su presidente, José Luis Santoro, y el vicepresidente, Gabriel Jiménez Aray.
Las autoridades dominicanas determinaron que el banco desviaba recursos hacia al menos 11 empresas mediante préstamos ficticios, tarjetas de crédito a nombres falsos y suplantación de identidad. Entre los señalados de beneficiarse del esquema figura Lorenzo Alejandro Laviosa López, quien —según la Fiscalía— recibía plásticos emitidos por los directivos para hacer compras en Estados Unidos y repartir lo defraudado.
El agujero superó los RD$1.400 millones (unos 28,8 millones de dólares) y dejó a más de 5.800 ahorristas afectados. Fue el inicio de un proceso que aún hoy sigue abierto.
