La creciente captación de menores por parte de bandas criminales ha reactivado en Europa una discusión sobre qué respuesta debe dar el Estado ante la delincuencia juvenil. Mientras sectores de la derecha y la extrema derecha defienden medidas más duras, sus críticos advierten que endurecer las penas no resuelve el problema de fondo y puede afectar los derechos de la infancia.
Entre las propuestas que vuelven a ponerse sobre la mesa figura la reducción de la edad de responsabilidad penal, una medida que sus promotores presentan como una forma de disuasión frente al reclutamiento de adolescentes por parte de organizaciones delictivas. Para ese sector, el aumento de la presencia de menores en redes criminales exige una respuesta más estricta por parte de la justicia y de las autoridades.
Una discusión que cruza seguridad y derechos
Quienes cuestionan ese enfoque sostienen, por el contrario, que rebajar la edad penal no ataca las causas de la delincuencia juvenil y puede terminar castigando con mayor severidad a personas en etapa de desarrollo. En esa postura, la prioridad debería centrarse en la prevención, la protección de menores y la intervención temprana para evitar que entren en contacto con bandas criminales.
Suecia se ha convertido en el último país en abrir este debate, en un contexto en el que varios gobiernos europeos observan con preocupación el aumento de la participación de adolescentes en hechos delictivos. La discusión pone sobre la mesa dos visiones opuestas: una más punitiva, orientada a endurecer el sistema penal, y otra enfocada en preservar garantías y abordar las causas sociales del fenómeno.
