El Gobierno ecuatoriano combina prevención, protocolos escolares y proyectos sociales mientras entra en vigencia una ley con penas de hasta 26 años.
Más de 15.000 servidores públicos y miembros de la fuerza pública han sido capacitados en Ecuador para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por bandas delictivas, según Paola Escobar, subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y Violencia del Ministerio del Interior.
Mesas territoriales y coordinación interinstitucional
El Ministerio del Interior ha instalado 29 mesas de prevención del reclutamiento a nivel local: siete provinciales y 22 cantonales. Esos espacios reúnen equipos técnicos que coordinan respuestas en territorios priorizados por su vulnerabilidad.
Escobar explicó que la mayoría de esas mesas está en la Costa, aunque también hay cantones de la Sierra y la Amazonía. Para su conformación, la cartera ha trabajado con instancias de coordinación interinstitucional y con una mesa de asistencia técnica que pasó de 16 a 32 organizaciones participantes.
La subsecretaria añadió que algunas medidas ya están en marcha y otras siguen en planificación, porque la intervención institucional, dijo, comienza antes de que se aprueben nuevas leyes.
Protocolos escolares y nuevas rutas de atención
En agosto de 2026, los ministerios del Interior y de Educación emitieron el Protocolo RUUNNA, que establece mecanismos para identificar y abordar casos de reclutamiento, uso y utilización de menores dentro del sistema educativo. El documento fue expedido mediante acuerdo interministerial el 7 de agosto y se aplica de forma progresiva.
Escobar indicó que hubo pruebas piloto en Esmeraldas, Santo Domingo, Quito, Guayaquil y Manta, con 18 instituciones educativas. En esos planteles también se realizaron jornadas de socialización con autoridades.
La funcionaria señaló que la normativa obliga a contar con protocolos y rutas de actuación para detectar estos casos en las escuelas. También adelantó que el Ministerio prevé un protocolo sanitario para el sistema público de salud y otro para definir cómo deben actuar las instituciones cuando reciban o deriven estos casos.
La nueva ley y los proyectos sociales
El 2 de octubre de 2026 entró en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma tiene 62 artículos y reforma 15 cuerpos legales en materia de seguridad, protección y justicia.
Entre los cambios al Código Orgánico Integral Penal consta la tipificación específica de estas conductas, con penas de entre 22 y 26 años de prisión cuando se reclute, use o utilice a menores para integrar fuerzas armadas regulares o irregulares, grupos armados o participar en conflictos armados.
Escobar afirmó que todavía no hay casos judicializados en este proceso, aunque el Ministerio busca fortalecer las herramientas de investigación policial y fiscal para que los expedientes avancen ante la Fiscalía y la Función Judicial.
En paralelo, el Gobierno impulsa proyectos sociales en sectores vulnerables. Uno de ellos es Sembrando Oportunidades, que nació en junio de 2025 en Durán, provincia de Guayas, y luego se extendió a Esteros y Nueva Prosperina, en Guayaquil. El plan pasó de 120 participantes en su primera etapa a 482 niños y adolescentes en la segunda.
También avanzan los Centros Cívicos por la Vida y la Paz, que el Gobierno nacional declaró proyecto emblemático. El plan contempla intervenciones en barrios vulnerables de diez cantones: Lago Agrio, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo, Manta, Quevedo, Naranjal, Machala, Durán y Santa Elena. El primer espacio funciona en La Pradera, en Manta, donde atiende diariamente a entre 60 y 80 niños, niñas y adolescentes.
La segunda fase prevé construcción de infraestructura y mantenimiento, con una inversión superior a 31 millones de dólares.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
