El senador UDI llamó a resolver en privado la crisis por los 56 decretos de rebaja de condena y advirtió que la discusión pública solo alimenta tensiones en el oficialismo.
El jefe de la bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, cuestionó este martes a los representantes del oficialismo que han pedido la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica asociada a la firma de 56 decretos de rebaja de condena a agresores sexuales de menores de edad.
En una entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, Sanhueza sostuvo que en el caso hubo “una falta de empatía con las víctimas”, aunque también valoró que el Presidente José Antonio Kast reconociera “que aquí hay un error y que hay que buscar los caminos de solución”.
El llamado a no presionar por la prensa
El senador criticó que la discusión sobre la permanencia de Rabat se esté librando públicamente. A su juicio, ese debate debe darse en instancias privadas y no mediante mensajes a través de los medios.
“Yo no puedo mandarle mensajes a mi Presidente, el que representa a mi sector, a través de la prensa. Manifestaré en la reunión privada cuál es mi manera de pensar, pero también tengo que ser sumamente respetuoso de la institucionalidad y esta es una decisión del Presidente de la República. Mientras él cuente con la confianza del Presidente, va a seguir siendo ministro”, afirmó.
También dijo que este episodio, junto con el cruce de días atrás entre el senador republicano Arturo Squella y el exministro de Justicia Hernán Larraín, solo suma tensiones innecesarias dentro del oficialismo.
“Creo que ha faltado diálogo al interior de la coalición para poder enfrentar este tema con la altura de miras que se requiere”, señaló, antes de insistir en que se debe priorizar a las familias de las víctimas y reconocer el error cometido.
La oposición evalúa una acusación constitucional
La controversia por los decretos abrió además la puerta a una posible acusación constitucional contra Rabat, iniciativa que la oposición comenzó a evaluar a la espera de las respuestas que entregue en una sesión especial de la Cámara de Diputados pautada para las 15:00 horas de este martes.
Sobre esa opción, Sanhueza recordó que ha sido crítico de las acusaciones constitucionales y las definió como una sanción “muy gravosa”.
“Creo que es muy gravosa la sanción de esta muerte cívica que se le da a la persona cuando finalmente se es sancionada”, dijo.
Aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre el fondo del mecanismo, señaló que ve difícil encontrar antecedentes que permitan sostener una violación de la Constitución en la decisión del ministro.
“Si uno mira lo que hizo el actual ministro Rabat tiene que ver con haber cumplido estrictamente la ley. Entonces es difícil cuestionar a alguien por haber transgredido la Constitución cuando lo que hizo fue seguir ese camino a rajatabla sin medir el efecto que tenía esa decisión”, explicó.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
