La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo en San Rafael de Alajuela a un hombre de apellido Feng y a una mujer de apellido Wu, ambos de nacionalidad china, como sospechosos de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de dos menores de edad venezolanos.

Las capturas se realizaron en vía pública y frente a uno de los establecimientos comerciales vinculados a la investigación. Según las autoridades, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas laborales superiores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos adecuados para alimentarse, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico.

Mecanismos de control y retención de documentos

Las autoridades costarricenses indicaron que los investigados ejercían mecanismos de control sobre las víctimas, como la retención de sus pasaportes y restricciones para abandonar los domicilios y establecimientos comerciales donde permanecían.

El caso tendría antecedentes desde 2017, cuando Feng y Wu habrían asumido como adultos responsables de las dos personas menores venezolanas. Según la versión de Migración, Feng habría trasladado después a las víctimas hasta un supermercado en San Rafael de Alajuela, donde les asignaron funciones laborales. Feng también figura como administrador de los locales donde presuntamente se desarrollaban las actividades.

Investigación en curso y llamado a denunciar

La Policía Profesional de Migración investiga los hechos como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Hasta el momento, no hay condena contra los detenidos, por lo que Feng y Wu permanecen como sospechosos en una investigación penal.

El Poder Judicial de Costa Rica recuerda que la trata con fines de explotación laboral es un delito de acción pública y que cualquier persona puede denunciar situaciones sospechosas. Las autoridades piden a la ciudadanía informar sobre posibles casos a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 o directamente ante la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración.

Entre los indicadores de alerta mencionados están la presencia de personas con movilidad restringida, extranjeros sin control de sus documentos, personas permanentemente vigiladas o trasladadas por terceros, y trabajadores en condiciones que no coinciden con una relación laboral ordinaria.