La Habana (PL) – A tono con la mayoría de los países europeos, Alemania endurece su política para acelerar la expulsión de migrantes con asilo denegado, a pocos meses de las elecciones legislativas de septiembre.
Europa vive la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el Gobierno de la canciller federal Ángela Merkel busca la forma de lidiar con ello, con iniciativas legislativas para acelerar el otorgamiento de asilo a aquellos que califican y enviar a casa a los que no.
Merkel, quien trata de lograr un cuarto mandato consecutivo en los próximos comicios, pidió un esfuerzo nacional para asegurar que las personas sin derecho a quedarse abandonen el país.
Con este objetivo, el Gobierno presentó recientemente un controvertido proyecto de ley que facilita los envíos a sus países de origen de aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas.
La medida llega después de que un migrante tunecino en esta situación cometiera un atentado contra un mercado navideño en Berlín con un saldo de 12 muertos.
«Aquellos a los que se les deniegue la solicitud de asilo tendrán que abandonar el país», dijo el ministro del Interior, Thomas de Maiziere, al defender las medidas.
Alemania recibió en 2016 unos 280 mil peticionarios de asilo, un 68 por ciento menos que el año anterior, cuando ese país europeo recibió a 890 mil migrantes y refugiados, que en su mayoría huían del hambre y la guerra imperantes en naciones de Asia, África y Medio Oriente.
Unos 80 mil migrantes fueron expulsados o abandonaron el país voluntariamente en 2016, una cifra récord que aumentará este año, según afirmó Peter Altmaier, jefe de la Cancillería Federal.
Altmaier dijo al diario Bild am Sonntag que casi la mitad de las 700 mil peticiones de asilo presentadas en 2016 fueron rechazadas.
«Enviaremos a estas personas a casa rápidamente porque si no lo hacemos dañará nuestra credibilidad como un estado basado en el Imperio de la ley», apuntó el funcionario en un intento de aplacar a los votantes conservadores contrarios a la política de puertas abiertas implementada por Merkel en 2015.
Las expulsiones, cada vez más numerosas de afganos -el segundo grupo de solicitantes de asilo en Alemania, detrás de los sirios- también causan revuelo.
Varios estados federados, que ahora gestionan las deportaciones, se niegan a continuar con las devoluciones por considerar a Afganistán un país inseguro, aún cuando el gobierno afirma lo contrario con el argumento de que en algunas zonas de ese país prevalece el orden.
El Ejecutivo también busca extremar los controles a los recién llegados y, entre otras acciones, contempla el monitoreo de los teléfonos celulares y computadoras de peticionarios de asilo, en aras de confirmar su identidad.
Este punto generó el rechazo de organismos defensores de derechos humanos, los cuales consideran que la medida viola la privacidad de esas personas.
Además, los solicitantes de asilo que mientan sobre su identidad o que incumplan la ley tendrán que enfrentar medidas de control más severas, como la imposición de una pulsera electrónica.
La nueva normativa también facilita el ingreso en prisión de presuntos extremistas y aumenta el período de tiempo que pueden permanecer detenidos a la espera de su expulsión.
El tiempo máximo de internamiento previo a la fecha de la deportación se ampliará de cuatro a diez días para facilitar posibles expulsiones en grupo.
Con estas medidas, que aún requieren la aprobación del parlamento alemán, la jefa del Gobierno busca mostrar una mayor firmeza ante las críticas, algunas vertidas desde su propia formación, la Unión Democristiana (CDU), por abrir las puertas a más de un millón de migrantes entre 2015 y 2016.
Desde entonces, las fricciones con su ala bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), se intensificaron.
La CSU exige que se limite el número de solicitantes de asilo a 200 mil por año, mientras Merkel rechaza esa demanda. Las dos partes pierden en intención de voto en el país como resultado de esa disputa antes de las elecciones.
El último sondeo publicado por el diario Bild am Sonntag revela que el Partido Socialdemócrata alemán, socio menor de la coalición gobernante de Merkel, aventaja a la CDU por primera vez desde 2006.
El gobierno alemán espera que con la aprobación de la nueva ley de asilo se apacigüen las críticas a la política migratoria de Merkel para así recuperar a los votantes conservadores y mejorar sus posibilidades de triunfo en los comicios de septiembre.
