AI exhorta a Perú y Chile a terminar con la militarización de sus fronteras y proteger a los migrantes y refugiados. La organización calificó las políticas de los presidentes de ambos países como inhumanas y crueles, violando las leyes internacionales en la protección de las personas que necesitan protección internacional. AI estimó que al menos 300 personas, en su mayoría venezolanas y haitianas, están atrapadas en la frontera entre Perú y Chile, en una situación humanitaria crítica. Desde principios de 2023, el gobierno chileno ha desplegado a sus fuerzas militares en las fronteras con Bolivia y Perú en un intento por detener la llegada de migrantes sin documentos. El gobierno peruano declaró un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos, incluido Tacna. La organización destaca que estas medidas se produjeron en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular. AI insiste en que ambos gobiernos están obligados a proteger a las personas que necesitan protección internacional y garantizar su derecho a solicitar asilo en línea con los tratados internacionales ratificados yuxtapuestos en su legislación. La organización destaca que la militarización y el cierre de la puerta a miles de personas que huyen de graves violaciones de los derechos humanos los pone en peligro y agrava la inhumana crisis en la que se encuentran las personas más vulnerables. En lugar de tomar medidas unilaterales, los gobiernos de Perú y Chile deberían colaborar para brindar una respuesta humanitaria y enfocada en los derechos humanos para proteger a las personas que necesitan ayuda. Según el decreto oficial publicado el 27 de abril, Perú mantendrá durante 60 días el estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles de ingreso de migrantes, la mayoría de ellos de Chile. Además, la medida incluirá la restricción de derechos como la libertad de tránsito y reunión en los cruces limítrofes con Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. El gobierno de Boluarte justificó la medida, señalando que se centraba en combatir la inseguridad y que muchos de los delincuentes en el país eran extranjeros.