Lisa Henrito, defensora de derechos humanos del pueblo pemón, afirmó que desmontar la minería ilegal en Bolívar debe hacerse de forma gradual y con…
Lisa Henrito, defensora de derechos humanos del pueblo pemón, afirmó que desmontar la minería ilegal en Bolívar debe hacerse de forma gradual y con controles, debido a la dependencia económica que se ha creado alrededor de esa actividad.
En entrevista para el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, la lideresa indígena señaló que miles de personas han sido empujadas hacia la minería por la crisis económica y la falta de alternativas para generar ingresos.
Un sistema que generó dependencias
Henrito sostuvo que no es posible retirar de manera abrupta a quienes hoy dependen de las minas, porque esa dinámica ha creado múltiples dependencias en las comunidades y entre trabajadores de distintas regiones del país.
“Es un proceso, porque sacando a esas personas a la fuerza solamente se crean más problemas”, advirtió, al insistir en que el desmantelamiento debe hacerse “de lo más alto a lo más bajo”.
La activista explicó que dentro de las minas conviven al menos tres grupos: organizaciones criminales que controlan parte de la actividad, personas que colaboran con esas estructuras para sobrevivir y ciudadanos provenientes de distintas zonas del país que llegaron por necesidad económica.
Según su planteamiento, mientras no se ataque la estructura que dirige el negocio, lo que ocurre es un simple relevo de control. “Solamente se está cambiando de dueños”, dijo.
Oro como moneda de cambio
Henrito indicó que la minería se convirtió en una de las principales actividades económicas de la región, al punto de que la mayoría de las transacciones se realizan con oro y, en menor medida, con dólares o reales brasileños.
También señaló que buena parte de quienes llegan o salen de las minas no tenía experiencia previa en esa labor, sino que fue a trabajar allí para sostener a su familia.
Recordó que el pueblo pemón conocía históricamente la ubicación de los yacimientos auríferos, pero los consideraba un recurso de uso limitado, no una actividad masiva como la que existe en la actualidad.
Daños ambientales y sociales
La expansión minera, que aseguró se intensificó a partir de 2016, dejó contaminación de ríos, destrucción de morichales, pasivos ambientales y un aumento de enfermedades como el paludismo.
La defensora expresó preocupación por el impacto entre jóvenes y mujeres indígenas. Dijo que muchos adolescentes han incorporado conductas asociadas a los sindicatos criminales, entre ellas el consumo de sustancias ilícitas y formas de violencia que antes no eran frecuentes en sus comunidades.
“Tenemos una generación de jóvenes perdidos y si no buscamos la manera de rescatarlos, está en peligro todo un pueblo”, alertó.
En el caso de las mujeres, afirmó que muchas asumen solas el sostenimiento del hogar cuando sus parejas migran a las minas o abandonan a la familia. Añadió que desde 2016 han observado un aumento de muertes por infartos y accidentes cerebrovasculares en mujeres indígenas de entre 40 y 50 años, una situación que relacionó con el estrés acumulado.
Más control y uso de zonas intervenidas
Aun cuando reconoció que la minería forma parte de la realidad económica actual de la región, Henrito consideró necesario aplicar la ley y establecer controles más estrictos para reducir sus efectos.
Planteó además que cualquier explotación de minerales debe concentrarse en áreas previamente intervenidas y evitar la apertura de nuevos espacios.
“Si vamos a trabajar el oro o los diamantes, entonces vamos a trabajar los lugares que ya están intervenidos. No podemos seguir abriendo nuevas partes”, sostuvo.
