La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera rastrean un entramado de adjudicaciones que, según sus indagatorias, benefició a un grupo de siete empresas con contratos por más de mil millones de pesos en organismos públicos locales electorales de al menos 13 estados, además de negocios obtenidos con el Instituto Nacional Electoral.
El contrato de 63,2 millones que abrió la indagatoria
El punto de partida fue, de acuerdo con el material investigado, una adjudicación directa que el INE otorgó en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. por 63 millones 241 mil pesos para producir y distribuir materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.
Tras esa revisión, la ASF detectó supuestas irregularidades y la UIF abrió una línea de investigación por presunta triangulación de recursos hacia otras compañías. El expediente describe una red de al menos siete firmas vinculadas operativamente a José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Francisco Hernández Casillas, que competían entre sí en licitaciones para asegurar los fallos a su favor.
Entre las empresas señaladas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Contratos en 13 entidades y una cifra bajo revisión
Los registros reunidos por los entes de control atribuyen a ese conglomerado contratos por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados. El material detalla, por ejemplo, el contrato IEEPC/LP/0-03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos y la asignación a Cajas Graf en Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos.
También se mencionan contratos en Jalisco por 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y 65 millones 981 mil 373.62 pesos; en Oaxaca por 32 millones de pesos y luego 36.09 millones de pesos; en Chihuahua por 33 millones 881 mil 653.52 pesos; en Quintana Roo por 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa por 27 millones 762 mil 525.50 pesos; en Campeche por 24 millones 180 mil 207.54 pesos; en Aguascalientes por cerca de 17 millones de pesos; en el Estado de México por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos; en Querétaro por 8 millones 644 mil 86.84 pesos; y en Zacatecas por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.
Según las indagatorias, Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por 586.3 millones de pesos, mientras Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas por 540.1 millones de pesos. Las fiscalizaciones también exploran presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses, incluida la relación personal entre José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala.
El expediente agrega el caso de Jesús Octavio García González, exrepresentante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg, quien luego asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y la línea sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del organismo, por transferencias bancarias desde cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg bajo conceptos de préstamos y viáticos.
