La Corte de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo suspendida la medida que buscaba endurecer el voto por correo en 23 estados de Estados Unidos.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del Gobierno de Donald Trump para poner en marcha, en 23 estados, una orden ejecutiva que buscaba imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre, en las que estará en disputa el control del Congreso.
La decisión del tribunal
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó, en una resolución emitida el sábado en la noche, la suspensión temporal dictada el 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. La magistrada concluyó entonces que varias disposiciones de la medida probablemente vulneran la Constitución, por lo que debía mantenerse detenida mientras avanza el proceso judicial.
El Departamento de Justicia había pedido que esa decisión quedara en pausa mientras continuaba la apelación. Su argumento era que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington, era prematura, porque las agencias federales aún no habían terminado de desarrollar los pasos necesarios para aplicar la orden.
Sin embargo, el tribunal no aceptó esa postura y sostuvo que los estados ya debían prepararse para las elecciones. «Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora», escribieron los jueces en su decisión.
Qué planteaba la orden ejecutiva
La orden, firmada por Trump en marzo, instruye al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto a partir de registros federales de ciudadanía. También ordena al Departamento de Justicia dar prioridad a investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que envíen papeletas a personas consideradas no elegibles para votar.
Talwani determinó además que el presidente no tiene autoridad para ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que elabore esos registros para los estados. La jueza añadió que el Servicio Postal de Estados Unidos tampoco cuenta con autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo.
La magistrada señaló igualmente que la orden no puede usarse «para intimidar a funcionarios electorales locales» y obligarlos a trabajar con registros federales de ciudadanía que no incluyen a todos los votantes con derecho a sufragar, bajo amenaza de procesos penales. Trump firmó la medida tras años de cuestionar el voto por correo y sostener, sin pruebas, que su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 fue producto de un fraude generalizado.
El Departamento de Justicia advirtió que, si no obtiene un fallo favorable en la apelación, podría solicitar la intervención del Tribunal Supremo.
