Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes 23 de junio al gobierno de Donald Trump a reanudar en todo el país el proceso de deportaciones aceleradas, un mecanismo que en principio estaba reservado para personas detenidas al cruzar la frontera y que podían ser expulsadas sin comparecer ante un juez.
Qué resolvió el tribunal
Por mayoría de dos votos contra uno, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia concluyeron que no se violaron los derechos de los inmigrantes al extender ese procedimiento al resto del territorio estadounidense.
Al inicio de su segundo mandato, Trump ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aplicar la llamada expulsión acelerada a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevaban menos de dos años residiendo en el país, sin una audiencia ante un juez de inmigración.

Alcance de la medida
La deportación acelerada se aplica por lo general a personas indocumentadas detenidas cerca de la frontera sur, que suelen ser devueltas a México en los días siguientes a su arresto. Con la orden respaldada por el tribunal, los agentes de ICE podrán también deportar a personas detenidas en zonas alejadas de la frontera.
El juez Justin R. Walker, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumó la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario estadounidense. En su razonamiento, Walker sostuvo que la discusión no era si algunos funcionarios estaban aplicando mal una directriz, sino si la política escrita era ilegal.
La decisión representa una victoria para la agenda migratoria de la Casa Blanca y responde a una demanda encabezada por la organización Make the Road New York, que alegó que la orden de Trump era inconstitucional porque vulneraba el debido proceso.
En su voto disidente, el juez Robert L. Wilkins, nombrado por el expresidente Barack Obama, afirmó que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no habían desmentido que, al aplicar esa política, se había deportado a varias personas que llevaban más de dos años en el país.
