Transparencia Venezuela propuso crear una Justicia Especial Anticorrupción (JEA) para investigar redes de gran corrupción, identificar responsabilidades penales y recuperar activos vinculados con el desvío de recursos públicos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La iniciativa fue publicada el 6 de noviembre de 2026 y está sometida a discusión pública; no es un organismo constituido.
La organización señala que sus investigaciones reúnen al menos 178 procedimientos penales abiertos en 30 países por corrupción y lavado de dinero, con montos asociados superiores a 78.000 millones de dólares. Transparencia Venezuela sostiene que esos casos muestran el alcance internacional de las operaciones investigadas y las dificultades para recuperar los recursos mediante los mecanismos judiciales tradicionales.
Cómo funcionaría el sistema propuesto
El diseño contempla un subsistema dentro de la justicia venezolana, con fiscales y jueces especializados, una oficina de inteligencia patrimonial y financiera, una unidad para recuperar activos, protección de denunciantes y testigos, defensa pública especializada y un cuerpo de investigaciones penales. La JEA buscaría perseguir estructuras completas, sus integrantes y los circuitos usados para ocultar o transferir fondos.
Una secretaría coordinaría solicitudes de asistencia judicial, intercambio de información financiera, investigaciones conjuntas y acciones para localizar, congelar y recuperar bienes en el extranjero. Expertos internacionales acompañarían técnicamente a funcionarios venezolanos, sin poder presentar acusaciones ni dictar sentencias. El mandato inicial sería de ocho años, con posibilidad de prórroga por cuatro, conforme al diseño planteado.
