Dos mujeres privadas de libertad se sumaron a la huelga de hambre que mantienen 34 militares en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda. Con su incorporación, la protesta ya reúne a 36 manifestantes dentro del recinto carcelario.
La denuncia fue hecha por Sandra Hernández, esposa del preso político militar Luis Bandres, a través del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, y fue confirmada en un reporte del Observatorio Venezolano de Prisiones.
La huelga comenzó el lunes 9 de noviembre con un grupo inicial de 21 sargentos vinculados al denominado caso Cotiza, quienes protestan por el retardo procesal y las violaciones de derechos durante sus juicios. Después se unieron otros 15 detenidos de distintas causas, entre ellos las dos mujeres.
Aislamiento dentro del penal
Según familiares que hablaron con el Observatorio Venezolano de Prisiones, el primer día los detenidos podían entrar a las torres para hidratarse y usar los baños. Pero desde la mañana del martes 10 de noviembre, el jefe de régimen, mayor Ramón Navarro, ordenó cerrar un portón para dejarlos aislados en la cancha e incomunicados del resto de los reclusos.
Al ser confrontado por los huelguistas, Navarro presuntamente dijo que cumplía órdenes del director de Ramo Verde, capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez. La restricción obligó a los 36 manifestantes, instalados en carpas y colchonetas, a hacer sus necesidades fisiológicas a la intemperie mientras bajan sus reservas de agua.
«Ellos solamente están consumiendo agua, es lo que los mantenía y les quitaron el acceso. Eso nos preocupa muchísimo, esta mañana amanecieron algunos descompensados. Ese aislamiento es para castigarlos, para que no se unan más compañeros a la protesta y presionarlos para que levanten la huelga», relató un familiar al OVP.
El observatorio indicó que el agua de tubería del penal no es apta para el consumo humano, por lo que los detenidos deben costear cisternas de entre 40 y 50 dólares o depender de los botellones que les llevan sus parientes.
La exigencia de los detenidos
Tanto el comité como los allegados señalaron que los manifestantes exigen libertad plena para todos los presos políticos y que los militares sean incluidos formalmente en las mesas de negociación.
También denunciaron que este grupo queda relegado de las excarcelaciones pese a tener condenas ya cumplidas, expedientes extraviados o procesos sin iniciar.
Aunque la huelga fue notificada ante los tribunales desde el lunes, ningún representante de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público ha acudido al recinto, de acuerdo con lo planteado por familiares y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
La organización recordó que la Declaración de Malta prohíbe la alimentación forzada por considerarla un trato inhumano y pidió a ambos organismos inspeccionar de inmediato el estado de salud de los 36 huelguistas.
