La ONG documentó siete casos y un alza frente a agosto y septiembre. También cuestionó la reforma de la Ley contra el Odio y la mantención de bloqueos en internet.
Espacio Público denunció este martes 10 de noviembre que las restricciones a la libertad de expresión siguen vigentes en Venezuela, luego de documentar siete casos y nueve violaciones durante octubre, una cifra que duplica los registros mensuales de agosto y septiembre.
La intimidación encabezó los registros de octubre
Según el balance de la organización, la intimidación representó el 66 % de las violaciones registradas en el mes, seguida por las amenazas y la censura. De las siete víctimas identificadas, cuatro fueron periodistas o reporteros, mientras que los demás registros correspondieron a otros trabajadores de la prensa y a una persona vinculada con una organización no gubernamental.
El informe atribuye a organismos de seguridad tres de los ocho registros de victimarios documentados. En el acumulado de enero a octubre de 2026, la ONG contabilizó 99 casos y 183 violaciones a la libertad de expresión, con 90 hechos de intimidación y 44 de censura. De las 131 víctimas registradas, 77 fueron periodistas o reporteros, equivalentes al 58,78 % del total.
El análisis completo puede consultarse en el informe de Espacio Público.
La reforma de la Ley contra el Odio sigue bajo escrutinio
Uno de los principales señalamientos de la organización recae sobre la reforma de la denominada Ley contra el Odio, cuya constitucionalidad fue declarada por el Tribunal Supremo de Justicia el 15 de octubre. Aunque la modificación elimina las penas de entre 10 y 20 años de prisión previstas en la legislación anterior, Espacio Público advirtió que el nuevo esquema mantiene mecanismos sancionatorios que podrían usarse para restringir opiniones críticas.
La ONG explicó que el ministerio competente en materia de justicia podrá instruir y decidir procedimientos administrativos, con multas equivalentes a entre 500 y 10.000 euros, además de sanciones de entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario. También cuestionó que las plataformas digitales deban retirar contenidos de inmediato sin orden judicial y que permanezcan disposiciones ambiguas sujetas a interpretaciones discrecionales.
La preocupación coincide con la posición expresada el 28 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de derechos humanos de la OEA, y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que pidieron derogar la Ley contra el Odio. Ambos organismos consideraron que una modificación parcial no resuelve los problemas estructurales de la normativa y reclamaron mayor transparencia y participación pública en el proceso legislativo.
Absoluciones y procesos abiertos
El balance también destacó las sentencias absolutorias dictadas a favor de los periodistas Luis López, Gabriel González, Rory Branker y Carlos Julio Rojas, así como de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Espacio Público sostuvo que esas decisiones no reparan automáticamente las consecuencias de las detenciones y pidió medidas de restitución, eliminación de antecedentes y responsabilidades para los funcionarios involucrados.
En octubre, la ONG documentó además la intimidación contra equipos de Venevisión y Televen dentro de la Asamblea Nacional, el hostigamiento al reportero Reynaldo Mozo durante una concentración opositora y las amenazas denunciadas por el corresponsal Ricardo Tarazona mientras cubría una situación comunitaria en el estado Yaracuy.
En el ámbito digital, Espacio Público advirtió que 40 sitios web permanecen bloqueados en Venezuela, pese al desbloqueo parcial anunciado en septiembre.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
