En Bolivia se registraron al menos 341 ataques y amenazas contra defensores ambientales y de derechos indígenas en los últimos cinco años, según una base de datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), con registros entre 2021 y agosto de 2026.
El informe señala que las agresiones alcanzan a individuos, organizaciones indígenas, comunidades e instituciones de la sociedad civil. Del total, 140 defensores sufrieron amenazas o ataques y 68 organizaciones fueron amedrentadas. El Cedib también indica que en Bolivia no se han documentado defensores asesinados, a diferencia de otros países de la región.
La minería y el gas, en el centro de las agresiones
El investigador Miguel Miranda, coordinador del área de incidencia en Derechos Humanos del Cedib, sostuvo que la situación de estos defensores está marcada por las políticas públicas sobre recursos naturales, ambiente, tierra y territorio. Añadió que el cambio de gobierno ocurrido hace un año no alivió la presión sobre los defensores y que, por el contrario, aumentaron las líneas de violencia y ataques.
Miranda afirmó que los ataques tienen un componente colectivo, porque apuntan contra organizaciones e instituciones que defienden derechos territoriales y ambientales. El Cedib ubica los focos más frecuentes en la zona aurífera antigua y expansiva, así como en el área de expansión hidrocarburífera de Tariquía, en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia, donde existe resistencia social a la actividad petrolera en territorio protegido.
Uno de los casos recientes involucra a Javier Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando, quien recibió amenazas de muerte por su oposición a la minería aurífera ilegal en el río Madre de Dios. La Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia rechazó los ataques contra él y otros dirigentes indígenas.
El reporte también menciona a Beatriz Bautista, quien debió salir de su comunidad tras sufrir ataques de actores mineros por su defensa de los ríos que desembocan en el lago Titicaca. En el Altiplano boliviano, dijo que permaneció oculta por las amenazas contra ella y su familia. Ruth Alipaz atravesó una situación similar en la Amazonía boliviana y también tuvo que esconderse por agresiones de mineros.
En un monitoreo elaborado entre mayo y agosto de 2026, el Cedib identificó 12 hechos que reunieron amenazas, hostigamientos e intimidación. En ese período, la minería apareció como el actor que concentró la mayoría de las vulneraciones, con 75 % de los casos atribuidos a mineros.
Las comunidades de Santa Bárbara, en el municipio de Coripata, en los Yungas de La Paz, también denunciaron hostigamientos, acoso administrativo, acoso laboral, intimidación, espionaje, invasión de la privacidad y ataques a la integridad psicológica tras rechazar un avasallamiento minero en el sector del río Tamampaya. A finales de agosto de 2026, personas vinculadas a un proyecto minero amenazaron con dinamitar sus casas después de la denuncia pública de esa ocupación sin consulta previa.
Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, advirtió que la pérdida de derechos de los defensores avanza junto con el modelo extractivo en zonas sensibles. También relató que ha recibido amenazas de muerte con dinamita por seguir denunciando la minería, y que su emprendimiento de ecoturismo en la Amazonía boliviana ha sufrido agresiones por esa postura.
Según Miranda, los patrones de violencia que se dieron durante el Movimiento Al Socialismo se repiten y se incrementan ahora, porque el gobierno de Rodrigo Paz ha reforzado la alianza público-privada en torno a la minería. El investigador sostuvo además que los cooperativistas mineros tienen peso político, con legisladores y viceministros vinculados al sector, y que actualmente se oponen al proyecto de Código Minero impulsado por esa administración.
