La violencia sexual y la dependencia económica se han convertido en riesgos graves para mujeres, niñas y adolescentes desplazadas por los terremotos del 24 de junio de 2026. En campamentos y refugios de La Guaira y Caracas, organizaciones que atienden a afectadas advierten que el hacinamiento, la ruptura de redes de apoyo y la convivencia forzada con agresores pueden abrir la puerta a nuevos abusos.
Claves
- —Avesa y Tinta Violeta han acompañado a personas afectadas en La Guaira y Caracas.
- —Las organizaciones alertan sobre hacinamiento, falta de privacidad y baños mal ubicados en refugios y campamentos.
- —La pérdida de ingresos y documentos puede empujar a mujeres a depender otra vez de sus agresores.
Hacinamiento y privacidad insuficiente elevan el riesgo
Dorennys Angulo, coordinadora del proyecto Atención en Emergencia de Avesa, y Daniella Inojosa, directora de Tinta Violeta, señalaron que la respuesta humanitaria debe incluir prevención, atención psicológica, orientación legal y protección de la infancia. Ambas advirtieron que no existe un registro oficial suficiente para medir la magnitud de la violencia sexual asociada a la emergencia.
Angulo explicó que el hacinamiento es uno de los primeros factores de riesgo, sobre todo cuando las víctimas quedan separadas de su familia o no conocen a quienes comparten el espacio. A eso se suman los problemas para bañarse, usar los baños o lavar ropa en condiciones seguras y con privacidad.
La coordinadora señaló que esos espacios deben estar bien iluminados y ubicados de forma que no queden aislados, pero sin sacrificar la intimidad de quienes los usan. Contó que algunas mujeres expresaron temor de ir solas a asearse y optaron por ir en grupo, esperar turno o acompañarse entre ellas para reducir la sensación de peligro.
Inojosa también relató que en los campamentos donde trabajó Tinta Violeta hubo que revisar la disposición de los baños y proponer instalaciones diferenciadas para niñas y adolescentes. En algunos casos, dijo, las comunidades comenzaron a vigilar con más atención los alrededores de esos espacios y la presencia de hombres adultos cerca de menores de edad.
La organización de los refugios es especialmente delicada cuando se levantan en escuelas u otras instalaciones que no fueron diseñadas para alojar a decenas de familias durante largos periodos. Según las especialistas, el control de acceso, la iluminación y el personal disponible para atender alertas forman parte de una respuesta mínima de protección.
Violencia previa que el desastre deja al descubierto
Las dos activistas sostienen que los terremotos no crearon todas las violencias que hoy se observan en los refugios, sino que muchas ya existían dentro de los hogares y se hicieron más visibles con el desplazamiento. La separación de familiares, la convivencia en espacios colectivos y la pérdida de medios de vida dificultan romper ciclos de abuso que venían de antes.
Inojosa dijo que Tinta Violeta atendió casos de violencia que permanecían ocultos en el núcleo familiar y que salieron a la luz cuando las personas quedaron expuestas a la mirada de la comunidad. También advirtió sobre intercambios sexuales por dinero o bienes, una dinámica que puede aparecer cuando las mujeres pierden sus ingresos y necesitan alimentar a sus hijos sin otra salida económica.
Como referencia general, Inojosa mencionó que más de 70% de las agresiones sexuales contra mujeres y niñas pueden involucrar a alguien del entorno familiar o cercano. Sin embargo, esa cifra no corresponde a un conteo de los refugios tras los sismos ni a un registro exhaustivo de lo ocurrido en las zonas afectadas.
Angulo agregó que la violencia basada en género suele estar normalizada en algunos entornos, lo que dificulta que las víctimas reconozcan la agresión y pidan ayuda. Por eso, insistió en que las organizaciones deben comenzar por informar qué conductas constituyen violencia y cuáles son las rutas de acompañamiento disponibles, sin exponer públicamente a las afectadas ni divulgar sus historias sin garantías de confidencialidad.
La emergencia puede devolver a las mujeres con sus agresores
Angulo advirtió que la pérdida de la vivienda puede alterar decisiones que muchas mujeres ya habían tomado para separarse de sus parejas. La emergencia las obliga, en algunos casos, a compartir de nuevo techo, depender del agresor para obtener una solución habitacional o aceptar que él aparezca como responsable del núcleo familiar.
La coordinadora relató que algunas mujeres separadas quedaron expuestas otra vez cuando sus exparejas se presentaron en los refugios con el argumento de que debían protegerlas. También señaló que la pérdida de documentos complica la salida, porque pueden necesitar probar su separación, recuperar papeles o evitar que una vivienda provisional quede registrada a nombre del agresor.
Las organizaciones sostienen que la protección no puede recaer solo en las mujeres ni depender de que ellas se organicen para evitar el riesgo. Para Angulo e Inojosa, la emergencia exige respuestas concretas que combinen seguridad física, apoyo psicológico, orientación legal y condiciones de alojamiento que no reproduzcan la violencia que las desplazó de sus casas.
