Provea pidió investigar a los funcionarios que han ejecutado detenciones arbitrarias en Venezuela, después de que Delcy Rodríguez instruyera a los cuerpos de seguridad a no detener personas sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia.
En su cuenta de X, la organización sostuvo que tener que recordar esa prohibición demuestra que estas prácticas se normalizaron durante años. “Es un paso, pero no basta”, escribió, al reclamar también la liberación de personas que siguen privadas de libertad sin garantías judiciales y el desmontaje del marco legal usado para perseguir a la disidencia.
La ONG añadió que debe vigilarse y documentarse cada detención que viole los derechos a la libertad y a la integridad personal, recogidos en los artículos 44 y 46 de la Constitución.
JEP pide reformas estructurales
Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que las disposiciones anunciadas por Rodríguez deben traducirse en cambios estructurales. La organización recordó que más de 400 personas continúan privadas de libertad por razones políticas y afirmó que las excarcelaciones de los últimos meses no bastan para hablar de una transformación del sistema de justicia.
JEP señaló que la mayoría de las personas excarceladas sigue sujeta a medidas cautelares restrictivas y a procesos judiciales abiertos. También mencionó un intento de detención de un dirigente sindical ocurrido el día anterior, que dijo haber sido impedido con apoyo ciudadano.
Delcy Rodríguez presentó el 29 de octubre un balance sobre reformas legales, economía y contratos de hidrocarburos. En ese acto afirmó que la aprobación de la Ley de Amnistía y la transformación jurídica de la Ley contra el Odio contribuyen a recuperar la credibilidad en las instituciones públicas. También reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que no se harán detenciones sin orden judicial, salvo en flagrancia.
