Las organizaciones de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JepVzla) y Provea pusieron en duda el alcance del anuncio de Delcy Rodríguez sobre la prohibición de detener personas sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia. A su juicio, esa instrucción no basta para cerrar el paso a las detenciones arbitrarias ni para cambiar las condiciones que han permitido la persecución por motivos políticos en Venezuela.
Más de 400 detenidos y un alivio que no implica libertad plena
JepVzla afirmó en una publicación en X que más de 400 personas siguen privadas de libertad por razones políticas y recordó que las excarcelaciones registradas en los últimos meses no han significado necesariamente libertad plena. Según la organización, la mayoría de quienes han salido de prisión continúa bajo medidas cautelares restrictivas y con procesos judiciales aún sin resolver.
“Si bien es innegable que las excarcelaciones de los últimos meses representan un alivio humano significativo para cientos de familias, un examen técnico de la situación evidencia que estas decisiones aún no constituyen cambios estructurales en el sistema de justicia ni en el marco institucional”, sostuvo la organización.
La ONG agregó que persisten prácticas que restringen derechos fundamentales y citó como ejemplo el intento de detención de un dirigente sindical, que habría sido impedido por el respaldo de ciudadanos. JepVzla considera que ese episodio muestra que los mecanismos legales y procedimentales que permiten esas actuaciones siguen vigentes.
La publicación de JepVzla en X insistió en que las medidas anunciadas deben acompañarse de reformas profundas para garantizar el Estado de derecho y evitar que las excarcelaciones o cambios legales tengan efectos coyunturales.
Provea pide investigar a los responsables y desmontar el marco usado para perseguir
Provea sostuvo que el hecho de que las autoridades tengan que recordar a los cuerpos de seguridad que no pueden detener sin orden judicial revela la persistencia de prácticas arbitrarias. “Que las autoridades interinas tengan que recordar a los cuerpos de seguridad que no pueden detener sin orden judicial es una prueba de la arbitrariedad normalizada por años en Venezuela”, afirmó la ONG.
La organización reconoció que el anuncio representa un avance, pero advirtió que no será suficiente mientras no se investigue a los funcionarios responsables de detenciones arbitrarias, se libere a quienes siguen privados de libertad sin garantías y se desmonte el marco legal usado para perseguir a la disidencia.
Provea en X pidió además documentar y vigilar cada procedimiento que vulnere la libertad y la integridad personal, derechos protegidos por los artículos 44 y 46 de la Constitución. Ambas organizaciones coincidieron en que el anuncio debe medirse por su cumplimiento y por las garantías concretas que deje instaladas.
