La organización Justicia, Encuentro y Perdón difundió un informe en el que advierte sobre la persistencia de la prisión política en Venezuela, la opacidad…
La organización Justicia, Encuentro y Perdón difundió un informe en el que advierte sobre la persistencia de la prisión política en Venezuela, la opacidad judicial y el uso del sistema penal como mecanismo de coacción estatal. El registro estadístico de la ONG ubica en 554 el total de personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.
Perfil de los detenidos y condiciones de reclusión
Del total contabilizado, 486 son hombres y 68 son mujeres. La lista incluye 284 civiles, 190 funcionarios de seguridad activos, 33 exintegrantes de cuerpos policiales o militares, 19 dirigentes políticos, tres sindicalistas, un periodista y un defensor de derechos fundamentales.
La organización también alertó sobre condiciones de vulnerabilidad extrema dentro de los centros de reclusión. Según el informe, 41 internos padecen enfermedades graves sin recibir atención médica adecuada. Además, se registran 19 adultos mayores, 18 casos de desaparición forzada bajo custodia del Estado, 23 ciudadanos extranjeros y 28 venezolanos con doble nacionalidad.
Críticas a la reforma judicial y a la defensa pública
El documento cuestiona los anuncios oficiales sobre reforma judicial emitidos desde enero por el Parlamento y las declaraciones recientes del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien defendió la efectividad de los planes contra el retardo procesal en centros como la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, después de admitir que operaba en condiciones de hacinamiento.
La ONG sostiene que las ofertas gubernamentales terminan imponiendo una defensa pública que concentra el 70% de las representaciones y coopera con la Fiscalía, lo que, a su juicio, valida detenciones arbitrarias.
El Helicoide y la llamada “impunidad arquitectónica”
Uno de los apartados del informe se centra en los cambios aplicados en recintos emblemáticos de reclusión, entre ellos El Helicoide. Aunque el Poder Ejecutivo anunció el 30 de enero su clausura definitiva y su reconversión en un espacio social y cultural, la organización aseguró que el 22 de mayo de 2026 la estructura seguía operativa con más de 20 presos políticos en sus celdas.
Luego, el 8 de junio, las autoridades realizaron un traslado masivo de detenidos hacia cárceles como La Planta, Yare, El Rodeo, Tocuyito, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y Las Crisálidas, en medio de un despliegue policial que generó angustia entre los familiares y cortó el acceso a la información sobre los reclusos.
Ante los planes de remodelación estructural impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, los activistas hablaron de una estrategia de “impunidad arquitectónica”, al considerar que las intervenciones buscan borrar evidencias forenses y huellas materiales de torturas antes de que puedan ser examinadas por peritos independientes. En el informe se advierte que esa situación también alcanza otros centros operativos en 19 estados del país, entre ellos La Tumba, la sede de la Dgcim en Boleíta, Ramo Verde y Tocorón, sin acceso para organismos internacionales de fiscalización desde 2017.
Colapso penitenciario y pedidos de supervisión internacional
El texto también describe el colapso del sistema penitenciario frente al artículo 272 de la Constitución y a instrumentos como las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas. Como ejemplo, menciona el motín registrado el 24 de mayo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba).
En materia de persecución civil, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reportó 122 ataques contra activistas en el primer trimestre de 2026, lo que el informe interpreta como un repunte institucional. Sobre esa base, la organización pide la liberación plena de los detenidos y la renovación inmediata de los mandatos de los organismos de veeduría internacional.
Asimismo, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acumula 24 años sin poder realizar visitas in loco al país y que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FFM) de la ONU sigue sin autorización para ingresar al territorio. En el informe sobre la persistencia de la prisión política en Venezuela, la organización insiste en que el acceso internacional es necesario para verificar las denuncias y documentar las condiciones de detención.
