Ocho magistrados del TSJ designados en 2017 exigen a la AN 2015 que aclare su estatus, los reconozca o los destituya por escrito.
Un grupo de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados en 2017 y hoy en el exilio pidió a la Asamblea Nacional de 2015 que reconozca su investidura o, en su defecto, que les notifique formalmente si fueron destituidos y si tienen derecho a indemnización.
La solicitud fue dirigida a Dinorah Figuera antes de que arrancara el proceso de postulaciones para integrar el nuevo máximo tribunal. Rommel Rafael Gil Piñero sostuvo que su nombramiento fue hecho por la AN de 2015 y que nunca pudieron tomar posesión porque, afirma, fueron perseguidos, quedaron fuera del país y varios tienen órdenes de captura.
La carta y el reclamo jurídico
En la carta fechada el 20 de octubre, los firmantes señalan que su designación se ajustó al artículo 264 de la Constitución y al artículo 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. También recuerdan que el 5 de febrero de 2019 la Asamblea Nacional aprobó el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, cuyo artículo 22 reconoció la legitimidad de los magistrados nombrados en la sesión del 21 de julio de 2017.
Gil Piñero dijo que la AN conserva sus credenciales y las evaluaciones aplicadas, pero no les ha informado de un procedimiento de destitución ni de un expediente por falta grave. Añadió que en la Gaceta Oficial aparecen sus nombramientos, pero no una remoción.
Los magistrados pidieron que se les diga de manera oficial cuál es su situación jurídica ante la AN de 2015 y ante el proceso abierto para escoger a los nuevos integrantes del TSJ. En caso contrario, afirmaron que necesitan esa respuesta para decidir las acciones legales que consideren pertinentes.
Los firmantes de la carta, además de Gil Piñero, son Zuleima del Valle González, Milton Ramón Ladera, Rafael Arturo Ortega, Luis María Ramos, Beatriz Josefina Ruiz, Gustavo José Sosa Izaguirre y José Zamora Zamora.
Gil Piñero insistió en que el concurso abierto por el Parlamento debe cubrir solo las vacantes existentes y no borrar, a su juicio, la designación hecha en 2017. Dijo además que llevan nueve años en el exilio y sin cobrar salario.
José Fernando Núñez Sifontes, quien volvió a Venezuela tras recibir amnistía el 14 de junio, criticó que las postulaciones no se abrieran de forma telemática para quienes siguen fuera del país. Aseguró que la amnistía está paralizada desde el 23 de abril, aunque, a su juicio, esa ley sigue vigente.
Núñez Sifontes agregó que aún quedan cerca de 300 presos políticos, señaló que la amnistía también aplica a militares y expresó dudas sobre el resultado final del proceso de selección. Dijo que no ve mayores problemas si la integración del TSJ combina a la AN actual con la de 2015.
También afirmó que la última palabra la tendrá el gobierno de Estados Unidos y sostuvo que, si el nuevo tribunal queda integrado por buenos abogados del gobierno y de la oposición, podría convertirse en un tribunal de primera.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
