Wilmer Antonio Cruz, conocido como el “Topo de La Guaira”, fue liberado este viernes bajo una medida cautelar sustitutiva con régimen de presentación, después de permanecer varios días desaparecido y de ser señalado por el gobierno de haber sustraído objetos de viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio.
La decisión cerró, al menos por ahora, una detención que desató denuncias de politización y dejó bajo escrutinio el abordaje oficial del caso en La Guaira.
Denuncias de desaparición y traslado por una comisión sin identificación
De acuerdo con la ONG Provea, familiares de Cruz reportaron su desaparición el martes, cuando realizaba labores de rescate en Caraballeda, uno de los sectores más golpeados de La Guaira por los terremotos.
La organización relató que una comisión de hombres vestidos de negro y sin identificación visible, que se presentaron verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), se lo llevó con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes. Desde entonces, sus familiares no tuvieron comunicación con él ni conocían su paradero.
El caso alimentó críticas por el trato a rescatistas y voluntarios
Voceros gubernamentales y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) justificaron la detención al señalar que Cruz habría sido sorprendido sustrayendo bienes de inmuebles afectados y que estuvo a punto de ser linchado por vecinos de la comunidad antes de su traslado a instancias judiciales.
Según esa versión, al hombre se le habrían encontrado relojes y equipos de video en su poder, por lo que fue presentado ante tribunales y luego liberado bajo “régimen de presentación”.
Sin embargo, la explicación oficial generó cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios pidieron explicaciones sobre otras denuncias de saqueo atribuidas a funcionarios policiales y rechazaron que la tragedia de La Guaira fuera politizada.
La vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Sairam Rivas, alertó sobre un patrón contra rescatistas y voluntarios. “En los últimos días, hemos recibido reportes sobre retenciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como actos de seguimiento y hostigamiento contra integrantes de la sociedad civil que realizan labores de rescate y traducción”, denunció.
La ONG Caleidoscopio Humano sostuvo que exigir transparencia y ayuda en medio de una tragedia no puede convertirse en delito ni en motivo para poner en riesgo una vida, mientras Juan Pablo Guanipa calificó de “inaceptable” que Cruz terminara bajo régimen de presentación después de buscar víctimas de los terremotos.
El voluntario había alcanzado notoriedad tras viralizarse un video en el que criticaba la “falta de apoyo” oficial a las labores de rescate en La Guaira, en momentos en que el último balance oficial contabiliza casi 3.000 fallecidos por los terremotos del 24 de junio.
En ese contexto, Cruz se convirtió en un rostro visible de la emergencia al denunciar la falta de maquinaria, equipos especializados y personal calificado para atender la crisis.
