El ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, afirmó que la reactivación de la Revolución Judicial en el país no contempla liberaciones masivas de detenidos ni medidas que favorezcan la impunidad en los procesos penales.
Revisión de causas junto con los tribunales
García Zerpa explicó que el plan presidencial se centra en revisar de manera exhaustiva las causas de la población reclusa, en coordinación estrecha con los tribunales del país, con el propósito de reencontrar a las familias venezolanas mediante una justicia justa, oportuna y expedita.
Durante el despliegue técnico del Estado, señaló que comisiones multidisciplinarias evalúan cada expediente de forma individual y bajo respeto a la autoridad constitucional de los jueces, quienes conducen los procesos en sus distintas fases.
Descongestión ordenada de los centros de detención
El ministro precisó que la reforma legal busca descongestionar de manera ordenada los centros de detención preventiva y los internados judiciales. Agregó que las libertades otorgadas deben responder únicamente a los beneficios de redención previstos en las leyes de la República, y no a criterios de discrecionalidad administrativa.
También indicó que, en la coyuntura actual, debe aplicarse la técnica de una justicia retributiva.
Control estatal de la infraestructura carcelaria
García Zerpa ratificó además que las instituciones públicas mantienen el control absoluto de la infraestructura carcelaria en el país, elemento que considera estratégico para facilitar la coordinación directa de los traslados.
Al cierre de sus declaraciones, sostuvo que las políticas del Ejecutivo nacional combinan la humanización y el respeto a los derechos humanos con el mantenimiento de la disciplina interna, para garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad del entramado legal en las regiones.
La Defensoría del Pueblo plantea un sistema penal más humano
Por su parte, la defensora del pueblo, Egleé González, reiteró su compromiso de ofrecer respuestas institucionales orientadas a consolidar un sistema penal más humano.
González señaló que una de las tareas centrales de su gestión es trabajar de manera articulada con la Asamblea Nacional para diseñar beneficios jurídicos que eviten la vulneración de las garantías constitucionales de las personas internas.
