La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que la emergencia por el doblete sísmico del 24 de junio no puede borrar otra urgencia nacional: 551 presos políticos siguen detenidos.

La organización sostuvo que, aunque la prioridad inmediata es atender a las víctimas de los terremotos, el proceso de excarcelaciones ya venía estancado antes del desastre.

JEP señala que la emergencia no debe invisibilizar la crisis

Según el balance más reciente de la ONG, de las 551 personas detenidas por motivos políticos, 67 son mujeres y 484 son hombres. Además, 23 son extranjeros; 189, funcionarios de seguridad del Estado; 19 pertenecen a organizaciones políticas; 1 periodista está bajo arresto domiciliario, y 3 son sindicalistas.

JEP afirmó que no se puede hablar de unidad nacional mientras persista la exclusión, y que la reconstrucción no se limita a levantar muros o recuperar vías, sino a restablecer la justicia y la dignidad.

Familiares reactivarán las protestas y piden una medida humanitaria

El lunes 6 de julio, la Alianza y Movimiento de Familiares de Presos Políticos Civiles y Militares de Venezuela anunció que retomará las acciones de protesta y visibilización para exigir la liberación de sus seres queridos.

La alianza informó que había montado un campamento en las adyacencias de la Embajada de los Estados Unidos, pero que, ante la emergencia provocada por los terremotos, decidió convertirlo en un punto de apoyo y centro de acopio.

También alertó que la situación de los detenidos se agravó porque diversas instalaciones y recintos penitenciarios sufrieron daños estructurales, lo que pone en riesgo su integridad física y su salud.

Por eso, pidió a las autoridades competentes y a la comunidad internacional la aplicación inmediata de una medida humanitaria para todos los presos políticos, civiles y militares.