Salir de prisión no les devolvió la normalidad. Decenas de excarcelados por razones políticas siguen con medidas cautelares, dificultades para conseguir trabajo y reclamos por libertad plena para las más de 300 personas que permanecen detenidas en Venezuela.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón calcula que poco más de mil personas han sido excarceladas este año y todavía cargan restricciones judiciales. Carlos Julio Rojas, periodista, activista de derechos humanos y miembro de la Red de Ex Presos Políticos por la Democracia, explicó que el grupo nació desde la propia prisión y reúne a personas que salieron de centros como Yare, el Helicoide y El Rodeo.
La red pide libertad inmediata para los que siguen presos, restitución de bienes y apoyo psicológico para quienes quedan en casa por cárcel o con problemas de salud. Rojas afirmó que también buscan visibilizar casos de excarcelados con medidas restrictivas y de detenidos con retraso procesal.
Trabajo, presentaciones y estigma
Foro Penal calcula que más de 11.000 personas continúan sujetas a medidas restrictivas. Ante esa opacidad, la red pidió respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y reclamó que las listas de excarcelación sean certificadas por ese organismo.
Rojas dijo que hay personas con boleta de excarcelación que aún no han salido y otras que siguen con secuelas físicas y psicológicas. También señaló que pasó más de siete meses con restricciones de movilidad y que, tras obtener libertad plena el 8 de octubre por presuntos delitos de magnicidio en grado de tentativa, conspiración y terrorismo, la representación del Ministerio Público pidió absolverlo.
Whilfer Piña, representante del movimiento Nelson Mandela, afirmó que al buscar empleo les responden que están bajo presentación y no pueden contratarlos. El profesor, excarcelado tras una acusación por supuesta conspiración para atentar contra altos funcionarios en Maturín, sostuvo que muchos perdieron propiedades y viven en penurias.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes documentó que el estigma, las medidas cautelares y los antecedentes penales dejan a los excarcelados en una situación de “muerte civil”. También registró que el régimen de presentación obliga a comparecer ante tribunales cada 15 o 30 días y que, antes de la eliminación de los tribunales especiales de control en materia de terrorismo, algunos debían viajar desde sus estados hasta Caracas para cumplir con esa obligación.
En septiembre, ese observatorio calculó que cada viaje desde Mérida a la capital costaba entre 70 y 150 dólares. Además, advirtió que en la plataforma digital del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz los datos de expresos políticos suelen aparecer bloqueados o bajo un estatus que dificulta su uso.
El movimiento también presentó sus reclamos ante la mesa de diálogo instalada en agosto por representantes de la Asamblea Nacional 2025 y el sector oficialista, bajo supervisión de Estados Unidos. Dinorah Figuera recibió un documento con la exigencia de incluir a los presos políticos como parte central del proceso y de discutir reparaciones económicas para cada uno.
Rojas añadió que la pérdida de bienes va desde una vivienda hasta celulares y aseguró que, en algunos casos, funcionarios ocupan esas casas mientras sus dueños siguen sin vivienda.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes publicó un informe sobre las barreras laborales que enfrentan los expresos políticos: el estigma que impone barreras laborales a expresos políticos en Venezuela. Justicia, Encuentro y Perdón difundió sus datos sobre excarcelaciones en Justicia, Encuentro y Perdón.
