Quienes aspiran a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya conocen la regla con la que serán evaluados. El Comité de Postulaciones Judiciales publicó este lunes 2 de noviembre el baremo que usará para asignar 100 puntos a los candidatos, en un proceso que debe cerrar en diciembre con 32 designaciones.
La tabla reparte el peso entre formación, trayectoria y entrevista
Un baremo es una tabla de puntaje: antes de revisar a cada aspirante, ya fija cuánto vale cada componente. En este caso, el sistema busca comparar perfiles con la misma escala, sin dejar la valoración a criterio discrecional de quien evalúa.
El bloque más pesado es el de formación académica y producción intelectual, con 28 puntos. Cada doctorado en el área jurídica suma 4 puntos, hasta dos; cada maestría, 2, hasta dos; cada especialización, 1, hasta tres; y cada postdoctorado, 1, hasta dos. Los postgrados en otras áreas aportan medio punto cada uno, con un tope de 1. Además, lo publicado suma hasta 10 puntos: 2 por cada libro académico, 1 por cada artículo arbitrado y 0,25 por cada ponencia en eventos académicos.
Después vienen tres bloques de 19 puntos, uno por cada vía que reconoce la Constitución. En la experiencia docente, cada año dando clases de Derecho en la universidad vale 0,8 puntos, hasta 12, y los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano o director suman 2 puntos cada uno, hasta 4. En la experiencia profesional, cada año de ejercicio especializado vale también 0,8, y se premian la participación en proyectos de ley, el trabajo en defensa de derechos humanos y el ejercicio jurídico internacional. En la experiencia jurisdiccional, los años dentro del sistema de justicia suman igual, mientras que ser juez superior agrega 3 puntos y haber ingresado por concurso de oposición suma 1.
La entrevista puede definir diferencias entre perfiles parecidos
Hay un detalle que conviene mirar con calma: como cada año vale 0,8 puntos y el tope es 12, quien tenga los quince años mínimos que exige la Constitución ya alcanza el máximo en ese renglón. En la práctica, la diferencia entre candidatos con larga trayectoria la marcarán sus publicaciones, los cargos que hayan ocupado y la entrevista.
Esa entrevista vale 15 puntos y tendrá cuatro calificaciones: excelente, bueno, regular y deficiente. Allí el comité evaluará dominio constitucional, legal y jurisprudencial, capacidad para resolver casos, independencia judicial, imparcialidad, solvencia ética y propuestas para modernizar la gestión de los tribunales.
El baremo fue aprobado de forma unánime por los 23 integrantes del comité, 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, una composición que salió de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ publicada en septiembre. Esa ley exigía al menos dos tercios de los votos para dar luz verde al esquema de evaluación.
Según el cronograma del comité, las postulaciones se reciben hasta el 11 de noviembre; al día siguiente se publicará la lista inicial de aspirantes. Del 12 al 26 de noviembre, cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones, y entre el 16 y el 27 se harán las entrevistas. Con los puntos sumados, el comité preseleccionará al menos 96 nombres y el 7 de diciembre enviará esa lista al Consejo Moral Republicano, que hará una segunda revisión. El 11 de diciembre, los seleccionados llegarán a la plenaria de la Asamblea Nacional, que necesitará dos tercios de los votos para designarlos por un período único de 12 años.
La discusión de fondo sigue abierta
Antes de este anuncio, la necesidad de un baremo público ya había sido planteada durante meses por voces que reclamaban reglas claras para la selección de magistrados.
