La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni, según informó su familia este viernes, tras más de 15 años de proceso judicial y restricciones.

El hermano de la jueza, Nelson Afiuni, dijo en su cuenta de X que un funcionario entregó la notificación de libertad plena y cierre total del caso. Añadió que su hermana y su madre estaban en una clínica al momento del anuncio.

Un expediente que se convirtió en símbolo de represalias

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 después de conceder la libertad bajo fianza a un banquero. Desde entonces, su caso fue señalado como uno de los más controvertidos del sistema judicial venezolano.

En ese momento, Hugo Chávez pidió públicamente la condena máxima de 30 años de prisión y la acusó de facilitar la fuga del empresario, que abandonó el país tras su liberación.

La jueza permaneció dos años en prisión y luego fue trasladada a arresto domiciliario por problemas de salud. Esa medida se extendió hasta 2013, cuando obtuvo libertad condicional.

Restricciones, salud y cierre definitivo

Después de esa etapa, Afiuni siguió sometida a limitaciones: no podía salir de la ciudad, hablar con la prensa, votar, obtener pasaporte ni ejercer derechos políticos.

En 2019, la justicia le impuso una condena de cinco años por “corrupción espiritual”, un cargo que, según la propia fiscalía, no implicó ningún beneficio económico para la jueza.

La familia y la defensa legal, encabezada por Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández, afirmaron que la resolución cerró “un largo y doloroso capítulo” y no reparó los daños sufridos durante años de restricciones y persecución.

Los allegados también señalaron que Afiuni padece tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo y que necesita atención médica inmediata. Esa situación motivó la petición de cierre definitivo del caso presentada la víspera ante las autoridades venezolanas.

La familia sostuvo además que la clausura del expediente puso fin a una etapa marcada por el aislamiento, la vigilancia constante y la imposibilidad de ejercer derechos básicos.

El caso de Afiuni también fue señalado internacionalmente como una muestra de la falta de separación de poderes y del uso del sistema judicial como mecanismo de represalia. La ONU calificó el procedimiento como arbitrario y denunció reiteradas violaciones al debido proceso.