La Junta Electoral Provincial de Valladolid notificó al PSOE que da por comunicada la renuncia de Óscar Puente como número uno de la lista por esa provincia para las elecciones del 29 de noviembre, pero no autoriza a retirar su nombre de la papeleta.

En cambio, el órgano electoral consideró válido que los votantes tachen esa candidatura al momento de sufragar, por lo que no será necesario imprimir nuevas papeletas sin el exministro de Transportes.

La Junta Electoral no cambia las papeletas

El PSOE había pedido a la Junta Electoral que modificara la papeleta de Valladolid tras la dimisión de Puente este martes. Solicitó suprimir el nombre del renunciante, renumerar a los candidatos siguientes y proceder a una nueva impresión.

La JEP rechazó ese planteamiento y apeló a su propia doctrina y a antecedentes que, según indicó, se remontan a 1977. Con ese criterio, sostuvo que no debe imprimirse una nueva papeleta con exclusión del candidato que renuncia ni con la incorporación de su sustituto, incluso si entre la proclamación y la renuncia hubo más o menos tiempo.

La llamada doctrina de la inmodificabilidad de las papeletas tras la proclamación de candidatos fue ratificada después, de acuerdo con la JEP, en 1986 y 1996 en casos similares.

Redondo ocupará el puesto de Puente

La Junta Electoral entendió que la baja de Puente puede quedar cubierta por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes. En ese escenario, determinó que la candidata titular número 2 pasará a ocupar el puesto número 1, en referencia a Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Como novedad, el órgano electoral admitió como válidas las papeletas que contengan una tachadura sobre el nombre de Puente, al considerar que esa marca solo adapta el voto a la realidad de la candidatura en el momento de la votación y no altera su sentido.

Puente presentó su dimisión como ministro y renunció a concurrir como candidato del PSOE por Valladolid tras comparecer durante más de cuatro horas en la Diputación Permanente del Congreso, en una decisión que dijo asumir por la crisis política desatada tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.