Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, fue detenido en Guayaquil y será enviado a Estados Unidos por los procedimientos de extradición, según anunció el ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario dijo además que el detenido tiene una notificación roja de Interpol y es requerido por la justicia estadounidense por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
En el mismo procedimiento también fueron aprehendidos Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López. Reimberg afirmó que los tres serán trasladados a territorio estadounidense, aunque no ofreció más detalles sobre el trámite.
Un nombre que volvió a la agenda judicial
La detención devolvió a Bucaram a la atención pública después de años marcados por investigaciones, procesos penales y episodios de exposición política. Es el mayor de los cuatro hijos de Abdalá Bucaram Ortiz y María Rosa Pulley Vergara, y desde joven estuvo cerca de las actividades del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano.
Según el perfil recogido en la nota, participó en recorridos de campaña y en propagandas del PRE junto con sus hermanos menores. También fue mencionado durante la presidencia de su padre, entre 1996 y 1997, por supuestas influencias en las aduanas, señalamientos que la familia negó.
Los procesos y condenas que lo rodean
Con el paso de los años, su nombre apareció en varios expedientes judiciales. En 2017, agredió a Ricardo Rivera en un restaurante del norte de Guayaquil, un hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad.
En 2020 fue detenido en Medellín y trasladado a Ecuador por un caso de comercialización irregular de pruebas de covid-19 halladas tras un allanamiento al domicilio de su padre en Guayaquil. Después, él y Abdalá Bucaram enfrentaron otro proceso por presunto tráfico de bienes de patrimonio cultural, del que fueron sobreseídos.
Más tarde, en marzo de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró no elegibles para ingresar a ese país a Abdalá Bucaram Ortiz, su esposa y tres de sus hijos, incluido Jacobo.
El antecedente judicial más reciente llegó el 9 de septiembre de 2026, cuando un tribunal de Pichincha lo condenó junto con su padre a 9 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada vinculada al caso de la venta irregular de pruebas de covid-19. El tribunal sostuvo que Jacobo habría actuado como colaborador en la estructura investigada.
