En Ecuador, el lavado de activos aparece como el hilo común en varios casos penales de connotación nacional. La Fiscalía, la UAFE y la nueva ley contra este delito han concentrado la respuesta institucional frente a investigaciones que atraviesan financiación política, narcotráfico, minería ilegal y estructuras empresariales presuntamente usadas para ocultar dinero ilícito.
El lavado de activos consiste en ocultar el origen ilegal de dinero para que parezca obtenido de forma lícita. Según la Fiscalía General del Estado, el esquema pasa por tres etapas: ingreso del dinero al sistema financiero, ocultamiento del rastro y retorno a la economía mediante bienes, vehículos o empresas.
La norma vigente y las penas que fija el COIP
El delito está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a quien posea, transfiera, oculte o se beneficie de activos de origen ilícito; a quien preste su nombre o el de una sociedad o empresa para cometerlo; a quien lo organice o financie; a quien haga operaciones financieras o económicas para dar apariencia de licitud; a quien ingrese o egrese dinero ilícito por pasos o puentes del país; y a quien declare valores de mercancías superiores a los reales para ese fin.
La normativa prevé penas de cinco a 22 años de cárcel, además de una multa equivalente al quíntuplo del monto de los activos del delito y la disolución y liquidación de la empresa creada para cometerlo.
En junio de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que sustituyó la norma vigente desde 2016. El reglamento fue publicado en julio de 2025, cuando la ley entró en vigencia. Esa norma creó el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, llamado Conflact.
Casos recientes bajo investigación o sentencia
Entre los procesos más recientes figura el caso Laberinto. La madrugada del 22 de octubre de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por presunto lavado de activos. El proceso involucra a Luisa González, Santiago Díaz Asque, Estefanía Molina Freire y Wendy Onofre Gaibor.
La investigación apunta a presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral de la campaña presidencial de 2023. Según la Fiscalía, los movimientos financieros habrían movilizado aproximadamente $ 500.000.
El 23 de octubre, el juez Harry Navarrete dictó prisión preventiva para González, Díaz y Onofre, y medidas alternativas para Molina.
También está el caso Comandos de Frontera. El 6 de septiembre de 2026, 15 personas y cinco empresas fueron sentenciadas por lavado de activos. La investigación identificó movimientos financieros irregulares por aproximadamente $ 397,8 millones y estableció que los recursos tenían como origen el tráfico internacional de drogas.
En el caso Blanqueo Fito, el 28 de mayo de 2026 un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó sentencia condenatoria contra seis personas naturales y dos empresas. La Fiscalía sostuvo que el entorno familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, blanqueó $ 17,3 millones en el sistema financiero nacional entre 2016 y 2024.
Otro expediente en curso es el caso BB, en el que son investigados Elías Baldor Bermeo y otros procesados. Fiscalía informó que la causa arrancó con un reporte de la UAFE sobre operaciones inusuales e injustificadas y que los involucrados habrían movilizado más de $ 9 millones sin sustento sobre el origen de los recursos.
En ese mismo conjunto de investigaciones figura el caso Goleada, que suma 26 investigados entre personas naturales y empresas. La Fiscalía acusa a los procesados de integrar una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles.
En el caso Blindado, la investigación previa comenzó en noviembre de 2025 con base en un reporte de operaciones inusuales e injustificadas emitido por la UAFE. El monto del presunto lavado identificado hasta ahora sería de $ 7,5 millones.
Por su parte, en el caso La Reina, la Fiscalía abrió una indagación en julio de este año por presunto lavado de activos a partir de movimientos financieros entre 2020 y marzo de 2026 por $ 1,2 millones relacionados con Navila Dieb y sus hermanos.
La UAFE, por su lado, lanzó la campaña Rompe el esquema: denuncia el lavado de activos, que hasta finales de septiembre recogió más de 300 denuncias ciudadanas, en su mayoría vinculadas con equipos de fútbol, según declaró Ana Paula Patiño, directora general de la entidad, a EL UNIVERSO.
La Fiscalía también informó que su Unidad de Antilavado de Activos, creada el 15 de julio de 2017, tenía 31 casos en su informe de labores de 2025, mientras que la Unidad de Investigación Especializada Selecta Contra el Lavado de Activos, creada el 3 de agosto de 2021, dirige investigaciones por delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.
