El empresario Luigi Pisella propuso flexibilizar la política monetaria para abrir una vía de financiamiento inmediato a comerciantes y ciudadanos afectados por el doble terremoto del 24 de junio, con una reducción de 10% del encaje legal bancario que, según dijo, liberaría cerca de 300 millones de dólares.

Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 810,40 Bs y la tasa oficial del BCV en 685,94 Bs, según Precio Dólar Paralelo.

Un recorte del encaje para llevar dinero al crédito

Durante una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio, conducido por Ginette González y Andrés Rojas Jiménez, Pisella sostuvo que el sistema bancario tiene recursos líquidos inmovilizados que podrían reconducirse hacia la atención de los sectores más golpeados por la contingencia, especialmente en el estado La Guaira.

El planteamiento incluye usar los fondos en divisas depositados en cuentas de custodia del sistema bancario y promover la bancarización del efectivo para ampliar la colocación de préstamos.

Préstamos para comercios y actualización de leyes

La propuesta de Pisella contempla dirigir parte de esas nuevas carteras de crédito a personas naturales y jurídicas para reactivar pequeños comercios, talleres industriales y prestadores de servicios turísticos del litoral central. También planteó que esos préstamos tengan tasas de interés subsidiadas y sean ajustadas con estudios socioeconómicos previos, porque la capacidad de pago varía entre las familias afectadas.

El dirigente gremial agregó que el otorgamiento de créditos debe ir acompañado por la actualización urgente de tres instrumentos legales, entre ellos la Ley del Deudor Hipotecario y la Ley de Arrendamientos, cuyos proyectos de reforma fueron consignados hace tres meses ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Sobre el impacto económico, afirmó que, pese a las afectaciones operativas del tercer trimestre, la economía venezolana mantendrá una tendencia de crecimiento al cierre de 2026, apoyada en un primer semestre con balances positivos y en la estabilidad de los circuitos petrolero y eléctrico, que no registraron daños estructurales tras los movimientos telúricos.

En paralelo, sostuvo que el escenario posterior al sismo obliga a acelerar la oferta y devolución puntual de bienes estatizados a sus antiguos propietarios, con excepción del área de hidrocarburos. Según dijo, esa medida generaría ingresos directos al Estado, impulsaría la inversión privada y aceleraría la creación de empleo local mediante proyectos de reconstrucción y reciclaje de toneladas de escombros, en coordinación con las misiones técnicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ya están en el terreno.