La propuesta europea busca abaratar la luz frente al gas y los carburantes mientras crece la presión sobre las redes eléctricas.
La Unión Europea estudia una regulación para aliviar la carga fiscal sobre la electricidad y darle ventaja frente al gas y los carburantes, en medio de una mayor presión sobre las redes por la electrificación industrial y el auge de los centros de datos.
Más demanda y menos capacidad
El texto, examinado esta semana por las capitales europeas, advierte de una posible “escasez observada o prevista” en los puntos de conexión y abre la puerta a que los reguladores establezcan prioridades cuando no haya capacidad suficiente para atender todas las solicitudes.
La propuesta también permite revisar el cálculo de los peajes de red y contempla que los Estados asuman con fondos públicos parte de los costes de determinados usuarios. Además, mantiene el principio de que la electricidad no debe soportar una fiscalidad superior a la de los combustibles, especialmente el gas.
Según los últimos cálculos de la Universidad de Oxford, el 75% de la demanda energética actual puede electrificarse con tecnologías hoy disponibles.
Facturas, redes y prioridades
La regulación señala que el ritmo de electrificación depende del coste de la electricidad, no solo por los cargos de red sino también por los impuestos que gravan la factura. Por eso plantea que los Estados miembros garanticen un tratamiento fiscal más favorable para la luz que para el gas natural.
El texto también busca evitar peticiones especulativas de conexión y permite exigir que los proyectos tengan suficiente madurez. Entre las categorías que podrían recibir prioridad figuran hogares, pymes, servicios públicos y sociales, comunidades energéticas, centros de datos, industrias electrointensivas y transporte.
En España, el debate es especialmente sensible por la carrera para atraer centros de datos. Nicolás González Casares indicó que existen solicitudes de acceso a la red por unos 22 gigavatios para estas instalaciones, aunque solo alrededor de tres corresponderían a proyectos suficientemente sólidos para ejecutarse antes de 2030.
La propuesta fija además una cobertura mínima de contadores inteligentes del 50% de los consumidores finales en 2030 y del 75% en 2033, con plazos más amplios para los países que partan de una penetración inferior al 30%.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
