En un foro transmitido por Analítica TV, los economistas Rosana Sosa y Alejandro Grisanti y la abogada Dolores Dobarro advirtieron que la reestructuración de la deuda que el gobierno interino avanza con la asesoría de Centerview Partners carece de auditoría, de participación del FMI y de transparencia.
Falta de auditoría y datos confiables
Sosa señaló que Venezuela no ha enviado al Fondo Monetario Internacional los datos del artículo IV desde 2004, lo que genera estimaciones de la deuda entre 150.000 y 300.000 millones de dólares. Propuso una auditoría forense como “pilar cero” para rastrear bienes no entregados, servicios no prestados y “deuda contaminada”, citando los casos de los extesoreros Alejandro Andrade y Claudia Guillén, sentenciados en EE. UU., y pidió verificar los bonos emitidos entre 2007 y 2013.
Exclusión del FMI y riesgos de la negociación
Los panelistas coincidieron en que el FMI debe estar presente; Sosa afirmó que una reestructura “sin el Fondo carece absolutamente de credibilidad”. Grisanti describió el proceso como “inédito”, con una negociación acelerada centrada en acreedores estadounidenses y del mercado financiero, y señaló que el mercado de Nueva York descuenta una quita de alrededor del 55 %. Además, indicó que la viabilidad de la quita depende de los pagos de las petroleras al Estado, cifra que sigue sin definirse tras la nueva ley de hidrocarburos.
Impacto y posibles escenarios
Sosa cuestionó los escenarios que duplican la producción petrolera en pocos años, dadas las deficiencias del sistema eléctrico, y advirtió que un acuerdo fragmentado podría generar litigios de acreedores rezagados, como ocurrió con el fondo Elliott en Perú y Argentina. Dobarro calificó el esquema como un “paño caliente” y pidió respaldo institucional, incluida la aprobación de la Asamblea Nacional, para evitar que el dinero se emplee sin bases sólidas. Grisanti admitió que el proceso podría fracasar y que un gobierno electo tendría que renegociar una segunda fase con el FMI.
