Grecia mantiene en fase piloto un sistema digital para certificar infracciones de tráfico con apoyo de cámaras e inteligencia artificial, pero la revisión de los registros ha dejado en evidencia una tasa muy alta de errores en la detección preliminar. Durante esa primera etapa, de 5.500 casos generados por la plataforma, solo 400 fueron validados como correctos por la Policía griega.
Un piloto para digitalizar las sanciones
El país puso en marcha a finales de marzo el Sistema Digital de Certificación de Infracciones de Tráfico, diseñado para sustituir de forma gradual las multas manuscritas por un proceso totalmente digital de registro, validación y notificación. En esta etapa inicial participan dos grandes fuentes de información: las cámaras de la empresa pública de transporte OSY instaladas en los carriles bus, enfocadas en infracciones de circulación y estacionamiento, y la red de cámaras inteligentes vinculada al Ministerio de Gobernanza Digital.
La lógica del sistema es secuencial. Primero, la cámara registra una posible infracción; después, la autoridad competente debe revisar el caso y solo entonces puede emitirse y notificarse la sanción de manera digital al ciudadano. Ese paso intermedio es clave para entender el alcance de los errores detectados en la fase piloto.
La revisión policial destapó una alta tasa de descartes
Los números revisados en esta etapa muestran que la mayoría de los registros no terminó convirtiéndose en una infracción válida. Del total de 5.500 casos generados, 1.300 estaban relacionados con presunto uso del móvil y 3.800 con supuestos excesos de velocidad, pero ambos grupos acabaron descartados tras la revisión. En conjunto, el porcentaje de fallos o registros incorrectos habría oscilado entre el 90% y el 95%.
Más allá de la cifra global, el dato refleja un cuello de botella previo a la imposición de la multa: el sistema produce una cantidad muy elevada de avisos que luego deben ser filtrados manualmente antes de su validez administrativa.
Multas emitidas y alegaciones posteriores
Hasta el 30 de mayo de 2026, el nuevo mecanismo había generado 2.453 multas digitales. Sobre ese total se presentaron 420 alegaciones, lo que representa un 17,12% de las sanciones emitidas. De esas reclamaciones, 52 fueron aceptadas, equivalentes al 2,11% de todas las multas.
Las alegaciones aceptadas se relacionaron, en su mayoría, con cuestiones técnicas o de procedimiento, entre ellas diferencias de tiempo, datos difíciles de leer y excepciones vinculadas al uso del cinturón de seguridad.
Dónde aparecen los mayores problemas
Un experto en transporte citado por el medio griego explicó que el mayor margen de error no estaría tanto en las infracciones más visibles desde el exterior del vehículo, como pasarse un semáforo en rojo o exceder el límite de velocidad, sino en aquellas que se producen dentro del habitáculo. Detectar si una persona usa el móvil o lleva puesto el cinturón depende de factores más variables y de una interpretación mucho más delicada.
Sombras, colores, ángulos de cámara y hasta objetos como un cigarrillo pueden alterar la lectura de la imagen y convertir una escena dudosa en una supuesta infracción. Esa dificultad técnica ayuda a entender por qué una parte importante de los registros iniciales no superó la validación policial.
El caso griego deja así dos planos distintos: por un lado, las multas que ya fueron emitidas y luego pueden ser impugnadas; por el otro, la gran cantidad de registros preliminares que la tecnología genera antes de que una autoridad determine si existe realmente una infracción.
