A un año de la Operación Contención siguen abiertas las muertes

Un año después de la Operação Contenção, en los complejos do Alemão y da Penha, en Rio de Janeiro, aún no se ha cerrado la investigación sobre las muertes ocurridas durante la incursión policial del 28 de octubre de 2025. Aquella acción dejó 121 muertos, entre ellos cinco policías, y sigue bajo escrutinio del Ministerio Público, la Policía Civil y la Policía Federal.

Una operación con 121 muertos y cinco policías fallecidos

La movilización comenzó de madrugada, con más de 2.500 policías civiles y militares preparados para entrar en las favelas de la zona norte de la ciudad. Durante la jornada hubo enfrentamientos armados, autobuses incendiados y el avance de los agentes por calles y callejones de las comunidades.

En la versión policial, 117 de los muertos que no eran policías cayeron en medio de tiroteos con los agentes. Vecinos y familiares, en cambio, relataron torturas y ejecuciones. Un año más tarde, esas versiones siguen sin una conclusión definitiva sobre las circunstancias de cada muerte.

Las pesquisas reúnen testimonios, peritajes e imágenes

El promotor Fabio Correa, coordinador del grupo especializado en seguridad pública del Ministerio Público de Rio de Janeiro, encabeza el Procedimiento Investigatorio Criminal abierto para apurar lo ocurrido los días 28 y 29 de octubre de 2025. Dijo que el organismo ya tomó declaración a 255 policías civiles y militares y a 61 personas detenidas en la operación.

También, según Correa, los fiscales contactaron a los familiares de todos los muertos y lograron escuchar a 45 de ellos. Además, siguen bajo análisis las necropsias del Instituto Médico-Legal, los laudos periciales y unas 4.000 horas de imágenes captadas por cámaras corporales, aunque no quedó registrada toda la actuación de cada agente porque algunas baterías se agotaron durante la operación.

Casos atípicos, denuncias y observaciones de derechos humanos

Entre los hallazgos que más llamaron la atención figuran dos muertes consideradas atípicas: una por disparos a corta distancia y otra por decapitación. Correa afirmó que esos casos continúan en apuración y que no fue posible hacer la pericia en el lugar donde ocurrieron, lo que dificulta establecer con precisión qué pasó.

Hasta junio de este año, el Ministerio Público había denunciado a 27 policías ante la Justicia por delitos como desvío de fusiles incautados, robo de piezas de carros y otros bienes, invasión de domicilios y constrangimiento a moradores. Un levantamiento sobre 51 equipos de grabación usados por el Batallón de Operaciones Especiales apuntó, además, que al menos 17% de las cámaras fueron apagadas de forma intencional y que en 7,8% hubo indicios de obstrucción de la lente.

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, publicó un relatório que cuestionó la conducción de la operación y de la investigación. El documento mencionó problemas en el tratamiento de los cuerpos, restricciones iniciales de acceso a los laudos y la recolección de cadáveres por parte de los propios vecinos. También señaló que la disparidad entre los cinco policías muertos y los 117 no policías obliga a un examen riguroso sobre el uso de la fuerza letal.

Sin cambio territorial, según investigadoras consultadas por la EBC

Investigadoras consultadas por la Empresa Brasil de Comunicação dijeron que, pese a las muertes y al discurso oficial sobre el supuesto éxito de la operación, no hubo una modificación significativa del control territorial armado en los dos complejos. María Isabel Couto, del Instituto Fogo Cruzado, sostuvo que el saldo fue nulo o negativo y que la población sigue sometida a las mismas rutinas violentas del Comando Vermelho.

Para ella, el efecto más duradero de la Operação Contenção no fue el control del territorio, sino el trauma en la población de las comunidades afectadas, que vio en la calle los cuerpos alineados después de la incursión.