Senadores argentinos avanzan en un padrón de morosos alimentarios

En medio de la incertidumbre sobre si habrá sesión esta semana, un plenario de comisiones del Senado argentino buscará dictaminar pasado mañana la creación de un registro nacional de deudores alimentarios morosos, una iniciativa que ya fue debatida antes y que quedó a mitad de camino.

Días atrás, las comisiones de Legislación General y de Población analizaron dos proyectos: uno del peronista Pablo Bensusán, de La Pampa, y otro de la senadora Edith Terenzi, de Chubut. El oficialismo libertario, representado por Patricia Bullrich, pidió cambios y dejó entrever apoyo a la propuesta de la legisladora patagónica, aunque luego las bancadas decidieron pasar a cuarto intermedio hasta este miércoles para intentar una definición.

Dos diseños distintos para un mismo registro

Bensusán sostuvo, según consta en la versión taquigráfica del encuentro, que las provincias seguirían definiendo sus propios criterios para incorporar deudores al registro, ya sea por dos, tres o cinco cuotas impagas. También afirmó que el sistema se limitaría a recibir la información enviada por las jurisdicciones, sin modificar sus requisitos.

El senador agregó que no se crearía ningún organismo nuevo y que el registro funcionaría dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, como una base informática alimentada por datos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso de que cada una adhiera.

Terenzi marcó una diferencia central: propuso que la ley sea de orden público para evitar que la adhesión provincial sea optativa. A su juicio, si algunas provincias ingresan y otras no, el registro nacional quedaría incompleto o ineficiente. También dijo que su texto apunta a centralizar la información sin invadir jurisdicciones provinciales y que no prevé prohibiciones ni consecuencias adicionales para quien figure inscripto, porque esas ya existirían en cada jurisdicción.

Las objeciones del oficialismo libertario

Bullrich planteó la necesidad de incorporar cuestiones internacionales, como la posibilidad de adherir a una de las tarjetas de colores que existen en Interpol. Según dijo, en algunos casos estas personas no podrían ser extraditadas si no existe un proceso penal, aunque sí podrían ser ubicadas en otros países.

La dirigente libertaria también pidió delimitar con precisión qué actividades podrían restringirse y cuáles no. Recordó además que ya existe un registro nacional de deudores alimentarios, con personas que no pueden concurrir a espectáculos deportivos, y señaló que funciona en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Dirección de Espectáculos, con adhesión de varias provincias.

En ese marco, remarcó que debe quedar claro que ninguna autoridad migratoria puede frenar a un ciudadano en la frontera sin una orden judicial. El plenario quedó como una de las pocas actividades de una agenda todavía floja en la Cámara alta, mientras sigue la expectativa por una posible sesión para tratar otros proyectos pendientes.