El juicio por Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, seguirá abierto durante más de un año y se proyecta hasta el último trimestre de 2027, en plena campaña electoral argentina. La causa llega al debate oral como una de las piezas más sensibles del expediente que investiga presunto lavado de dinero.

Para la acusación, la maniobra consistió en canalizar fondos provenientes de la obra pública y de beneficios fiscales hacia alquileres de departamentos y hoteles de la familia Kirchner. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de operaciones legales y declaradas ante la AFIP, la agencia tributaria argentina.

La acusación y el calendario del proceso

El requerimiento de elevación a juicio, leído en la primera audiencia oral, quedó a cargo de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y seguirá siendo expuesto en próximas jornadas. Según la acusación, el expediente reúne maniobras que, en conjunto, probarían el blanqueo de dinero a través de inmuebles y hoteles de la familia.

Uno de los puntos centrales es el rol de Máximo Kirchner. El 31 de mayo de 2003, seis días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, él y Cristina Kirchner le firmaron un poder para manejar sus bienes. Desde entonces, según el texto de acusación, Máximo vendió, compró, alquiló y pidió préstamos en nombre de sus padres durante más de una década.

La fiscalía sostiene que parte de los fondos salió de la obra pública que benefició a Lázaro Báez y de ventajas fiscales asociadas al grupo de Cristóbal López. También afirma que ese dinero reaparecía bajo la forma de alquileres de departamentos y hoteles en manos de la familia Kirchner.

Los negocios inmobiliarios bajo sospecha

Entre los hechos descriptos figuran un edificio en Río Gallegos, terrenos puestos a nombre de Los Sauces y alquileres en Puerto Madero. En uno de los casos, Báez construyó 18 departamentos para los Kirchner: diez se transfirieron como regalo en los papeles y los otros ocho se alquilaron a sí mismo.

Otro tramo de la acusación apunta a que la empresa familiar Los Sauces alquiló departamentos a firmas de Báez antes incluso de que los contratos estuvieran plenamente definidos. Según el expediente, Máximo Kirchner firmó los cheques y más de 27 pagos de alquiler terminaron depositados en la cuenta de la empresa.

La fiscalía también describe alquileres por encima del valor de mercado. Cuando Romina Mercado asumió la presidencia de Los Sauces, los mismos departamentos pasaron a alquilarse a vecinos comunes que pagaban entre 25% y 41% menos que Báez. En Puerto Madero, el expediente sostiene que un dúplex y otro departamento del complejo Madero Center también fueron alquilados por montos superiores a los habituales.

Hoteles, préstamos y contratos cuestionados

La otra pata del caso es Hotesur, expediente que se juzga junto con Los Sauces. Allí se analiza cómo la familia Kirchner compró tres hoteles en El Calafate y El Chaltén entre 2008 y 2009. La acusación afirma que parte del dinero para esas operaciones salió de préstamos, ventas de propiedades y transacciones con empresas vinculadas a Báez.

El texto fiscal suma un préstamo de $8,3 millones de Austral Construcciones a Néstor Kirchner y otro de $10 millones del Banco Santa Cruz, además de la venta de un terreno fiscal en El Calafate que, según el expediente, pasó de $135.000 a 2 millones de dólares en poco más de un mes.

Ya con los hoteles en manos de la familia, estos se alquilaron a Valle Mitre, empresa de Báez que, según la acusación, solo tenía un restaurante y nunca había administrado un hotel. La fiscalía sostiene que el negocio permitía reciclar dinero de la obra pública como pagos de alquiler.

El expediente también menciona contratos que la AFIP y los fiscales consideran falsos, como alquileres de un salón para una promoción que YPF negó haber hecho, pagos por asesoramiento hotelero y convenios para levantar un complejo turístico con una firma que, según la acusación, no tenía capacidad real para hacerlo.

Para la fiscalía, el esquema completo se apoya en una misma lógica: dinero originado en la obra pública y en beneficios estatales que luego reaparecía como alquileres, préstamos o ventas entre empresas y familiares cercanos a los Kirchner.