La nueva mayoría del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos avanza con un paquete de iniciativas legislativas para supervisar y limitar la política exterior de la administración de Donald Trump hacia Venezuela. Las propuestas se centran en establecer controles presupuestarios sobre el uso de fondos públicos en negocios petroleros y en restringir intervenciones directas en los asuntos internos del país suramericano, tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.

Fiscalización del convenio energético y la ‘Doctrina Donroe’

El foco principal de la controversia es el convenio energético pactado en agosto entre Washington y Caracas, que faculta la explotación de yacimientos mediante el consorcio North American Blue Energy Partners (NABEP). La alarma legislativa surgió al revelarse que el Departamento de Defensa estadounidense mantendría una participación indirecta del 35% en dicha firma, lo que generó cuestionamientos sobre el desvío de partidas del Pentágono hacia la industria petrolera extranjera.

Ante estos hallazgos, el senador demócrata Jack Reed exigió explicaciones formales a la Casa Blanca. Los comités de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambas cámaras preparan citaciones y audiencias públicas para interrogar a los funcionarios involucrados en la negociación. Paralelamente, los legisladores promueven iniciativas de protección migratoria para la comunidad venezolana, contando con el respaldo de sectores republicanos moderados encabezados por la representante María Elvira Salazar.

La ofensiva parlamentaria contempla también frenos normativos a la denominada «Doctrina Donroe», marco estratégico diseñado por Trump para justificar operaciones de seguridad hemisférica centradas en el combate al crimen organizado, la contención migratoria y la reducción de la influencia de China. Especialistas del Diálogo Interamericano indicaron que, aunque el Ejecutivo norteamericano mantendrá sus prioridades internacionales, la nueva correlación de fuerzas en el Congreso obligará a la Casa Blanca a rendir cuentas de forma obligatoria.