Cuestionan falta de licitación en acuerdo con IMPSA para reactivar Tocoma

La firma de un acuerdo entre la administración de Delcy Rodríguez y la empresa latinoamericana IMPSA para recuperar la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, conocida como Tocoma, abrió nuevas críticas por la falta de transparencia en el proceso y por la ausencia de una licitación pública.

Críticas al mecanismo de negociación

El ingeniero Jesús Armas cuestionó la manera en que se concretó la negociación y aseguró que se trató de un procedimiento cerrado, sin competencia pública. “Lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente”, afirmó.

Armas también planteó que la decisión no responde, a su juicio, a las prioridades más urgentes del sistema eléctrico nacional. Consideró que culminar Tocoma no es la intervención más apremiante dentro del sector y puso en duda la asignación de recursos para ese proyecto frente a otras obras de rehabilitación de infraestructura ya existente.

Señalamientos sobre la inversión

El especialista sostuvo que una parte menor de la inversión prevista bastaría para atender otras instalaciones estratégicas. En ese sentido, aseguró que “con apenas un tercio de esa inversión, se podría rehabilitar la Planta Centro, logrando un impacto mucho mayor, más eficiente y más rápido para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional”.

Asimismo, recordó el historial financiero de Tocoma y mencionó que la obra ha estado marcada por retrasos y sobrecostos. Señaló que el presupuesto inicial, calculado en alrededor de 3.000 millones de dólares, habría aumentado a más de 9.000 millones tras modificaciones contractuales y la participación de empresas como Odebrecht.

“Hoy, catorce años después de su supuesta inauguración, Tocoma produce 0 megavatios de los 2.160 proyectados. No está la obra, ni está la plata”, expresó.

Advertencia sobre la gestión pública

Armas también advirtió sobre lo que calificó como un problema estructural en la administración pública. A su juicio, el principal obstáculo para recuperar el sistema eléctrico es institucional.

“Si no se respetan las leyes venezolanas de contratación y licitación, caemos en un vacío institucional donde la República —los ciudadanos que pagan las obras y los verdaderos dueños de los activos— queda excluida del plan de reestructuración del país”, señaló.

El acuerdo con IMPSA, anunciado recientemente por autoridades del sector eléctrico, busca reactivar la construcción de la central hidroeléctrica ubicada en el estado Bolívar, una obra paralizada desde hace más de una década y considerada clave dentro del sistema energético nacional.