La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) y OpenAI firmaron un acuerdo que permite a agencias federales, estatales, locales y tribales acceder a herramientas como ChatGPT, Codex y la API de la compañía sin costo de licencia por usuario. El pacto, vigente desde el 1 de octubre de 2026, también reduce en un 50% las tarifas por uso de tokens, aunque no elimina por completo los pagos por consumo.

El convenio, llamado OneGov, tiene una duración de 27 meses y vence el 31 de diciembre de 2028. No exige un gasto mínimo, lo que facilita que las instituciones públicas incorporen estas tecnologías con una barrera inicial menor. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la dependencia operativa que podría generar su adopción masiva.

Un modelo de acceso con costos reducidos, pero no nulos

OneGov Fase 2 reemplaza un acuerdo anterior que cobraba USD $1 al año y que expiró el 30 de septiembre de 2026. El nuevo esquema elimina el costo de licencia estándar (USD $15 por usuario al mes) para las herramientas mencionadas, pero mantiene los cargos por consumo con un descuento del 50% sobre las tarifas de tokens. Esto significa que, aunque las agencias no paguen por la licencia, sí deberán abonar por el uso efectivo de los modelos.

El acuerdo no obliga a las entidades a consumir un volumen mínimo de servicios, por lo que cada institución puede avanzar a su propio ritmo. Su anuncio se realizó el 10 de septiembre de 2026, y su entrada en vigor coincidió con el inicio de octubre, ofreciendo a las agencias acceso bajo estas condiciones hasta finales de 2028.

Daybreak Blue y la competencia en el sector público

El pacto también incluye Daybreak Blue, un modelo de OpenAI especializado en ciberseguridad, disponible para entidades gubernamentales verificadas. Esta herramienta está diseñada para la investigación de vulnerabilidades, el análisis de malware y el desarrollo de herramientas de seguridad, con un enfoque en operadores de defensa e infraestructura crítica, como salud, telecomunicaciones, energía y finanzas.

El acceso a Daybreak Blue se limita a instituciones verificadas y aplica las mismas tarifas con descuento previstas en el acuerdo general. Este movimiento adquiere relevancia en un contexto donde otras empresas de inteligencia artificial, como Anthropic, enfrentan restricciones para operar con el gobierno estadounidense.

El 25 de septiembre de 2026, un tribunal de apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó la clasificación del Pentágono de Anthropic como riesgo de cadena de suministro bajo la Sección 4713 de la ley FASCSSA. Esta decisión refuerza las restricciones previas, como la retirada de Anthropic de plataformas como USAi.gov y el GSA Multiple Award Schedule en febrero de 2026, su exclusión de redes clasificadas en mayo y controles temporales de exportación en junio.

Adopción institucional y regulaciones emergentes

El inicio del acuerdo coincidió con la entrada en vigor de las primeras disposiciones de la Ley de Responsabilidad y Transparencia en IA de Connecticut (CART Act), aprobada como SB 5. Esta normativa establece protecciones para denunciantes empleados por desarrolladores de IA de frontera y requisitos de procedencia para contenido generativo dirigido a consumidores.

Las protecciones para denunciantes buscan evitar represalias contra trabajadores que alerten sobre riesgos catastróficos asociados a sistemas de IA. Además, la ley incluye obligaciones para empleadores que utilicen IA de alto riesgo en decisiones laborales, con un calendario de implementación que se extenderá hasta el 1 de enero de 2028.

Aunque la ley de Connecticut opera a nivel estatal, su calendario coincide con la expansión de las herramientas de OpenAI en el ámbito federal, lo que subraya la necesidad de equilibrar la adopción tecnológica con el cumplimiento de regulaciones en distintos niveles de gobierno.

Incógnitas antes del vencimiento en 2028

El acuerdo deja abiertas varias preguntas clave. La primera es la velocidad de adopción: no se establece cuántas agencias se registrarán ni cuánto consumirán, y la ausencia de un gasto mínimo permite que cada institución avance según sus necesidades. La segunda es si surgirán alternativas con una distribución similar. Google, por ejemplo, tiene contratos federales a través del CDAO del Departamento de Defensa y ha incluido Gemini en el GSA Multiple Award Schedule, pero no ofrece un acuerdo unificado como OneGov.

El tercer punto es económico: aunque la licencia es gratuita, las agencias pagan por uso, y el descuento no equivale a un acceso completamente libre. Una vez integrados los modelos en los flujos de trabajo internos, los costos de cambio podrían influir en las decisiones de renovación, aunque el acuerdo no obliga a continuar con OpenAI.

El pacto finaliza el 31 de diciembre de 2028, por lo que las condiciones futuras dependerán de una eventual renovación y de los términos que acuerden las partes. Las agencias deberán evaluar el costo, la utilidad de las herramientas, las alternativas disponibles y las implicaciones de mantener sus procesos ligados a un solo proveedor.