En Venezuela, las autoridades han emprendido una lucha contra la corrupción desde el 17 de marzo, desentrañando hasta ahora tres tramas que han afectado el patrimonio nacional e incluso la seguridad nacional. La trama más notoria, conocida como Pdvsa Cripto, ha llevado a la detención de un gran número de individuos. También se han descubierto sobornos en los tribunales a cambio de favores y la asociación de un ex alcalde con dos bandas delictivas en los estados centrales.
El fiscal Tarek William Saab reveló en una rueda de prensa el 25 de marzo que nueve funcionarios públicos, adscritos a Pdvsa y la Sunacrip, un diputado de la Asamblea Nacional y 11 empresarios, estaban involucrados en la trama de Pdvsa Cripto. Esta utilizaba las asignaciones no competitivas de petróleo a particulares y la desviación de estos fondos a través de criptomonedas como su modus operandi.
El equipo jurídico de Transparencia Venezuela afirma que todas las actividades de los funcionarios públicos están sujetas a control y supervisión, tanto por los organismos de control interno como externo como la Contraloría General. Además, la Asamblea Nacional tiene la capacidad de ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la administración pública, lo que incluye solicitar la información necesaria para el ejercicio de este control.
Las leyes Orgánica de Administración Pública, Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Contrataciones y Contra la Corrupción obligan a los funcionarios a rendir cuentas de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad, control o custodia, publicar los procesos de licitación, adjudicación de contratos, ejecución presupuestaria y otros bienes.
